El periodista revela un fraude con cheques sin fondo que involucra al contador de San Pedro, productores ganaderos y cuestiona el rol de políticos.
El frigorífico cooperativo "recuperado" inaugurado con respaldo político como un modelo productivo, quedó envuelto en un escándalo millonario. Dijo que la emisión de cheques sin fondos por cerca de 4.000 millones de pesos que apunta al contador sampedrino es "una maniobra de una banda de tránsfugas”.
La Opinion SemanarioEl periodista especializado en agroindustria, Matías Longoni, reveló un presunto fraude millonario vinculado al frigorífico cooperativo Mariano Acosta, ubicado en Merlo. La investigación expone cheques sin fondo firmados por el contador de San Pedro José Benseny, afectando a productores de distintas provincias y generando dudas sobre la participación de funcionarios locales y provinciales.
Según Longoni, la cooperativa, inaugurada en mayo de 2024 con respaldo político, operó mediante la compra de hacienda con matrículas prestadas y la posterior venta de carne. Los cheques emitidos rebotaron, perjudicando a decenas de productores y dejando al descubierto un entramado donde la figura cooperativa fue utilizada para diluir responsabilidades penales y evadir controles fiscales y laborales.
Benseny, contador del frigorífico y del Sindicato de la Carne, firmó cheques por cerca de 4 mil millones de pesos. Su amistad con Ángel Vitale, ex presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, habría facilitado la estructuración del fraude, incluyendo el manejo de la cooperativa como fachada y la reinversión de fondos en nuevas compras de hacienda en otras provincias.
La inauguración del frigorífico contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y el intendente Gustavo Menéndez, generando dudas sobre la supervisión y el eventual aporte del Estado provincial y municipal. Longoni advierte que, aunque existe un aparente “respaldar ingenuo” de funcionarios, será la Justicia la que determine responsabilidades políticas o administrativas en el caso.
Mientras tanto, los productores damnificados enfrentan pérdidas millonarias que amenazan la continuidad de sus explotaciones, y la causa judicial sigue abierta, con posibles nuevas imputaciones conforme avance la investigación.