La investigación fue encabezada por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía Nº 3. Hubo allanamientos en varias provincias y cuatro detenidos.
La organización criminal provocó una estafa total estimada en 1,8 billones de pesos.
LA OPINION La organización criminal provocó una estafa total estimada en 1,8 billones de pesos.
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LA OPINIONUna compleja investigación por delitos económicos y digitales permitió desarticular una organización criminal dedicada a estafas millonarias mediante suplantación de identidad y el uso de criptomonedas. La causa, denominada “Operación Crypto-Agro”, fue impulsada por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía Nº 3, y derivó en allanamientos múltiples y detenciones.
El Departamento de Cibercrimen de Pergamino, bajo la conducción de José María Cifuentes, junto con la Fiscalía Nº 3 a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, llevó adelante una investigación de alto impacto que permitió desarticular una asociación ilícita dedicada a estafas financieras de gran escala, utilizando identidades falsas y una sofisticada red de transferencias con criptoactivos.
La causa se inició tras la denuncia de un empresario de Pergamino que advirtió que terceros habían utilizado de manera fraudulenta su identidad y datos personales para gestionar, sin su consentimiento, un crédito millonario ante una entidad bancaria privada. A partir de ese hecho, se puso en marcha una pesquisa especializada orientada a reconstruir el entramado digital, financiero y logístico empleado por los delincuentes.
Desde el comienzo de la investigación, los especialistas en cibercrimen desplegaron tareas de análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitales. Ese trabajo permitió detectar la existencia de una organización criminal estructurada, con roles definidos y reiteración de maniobras similares en distintas jurisdicciones del país.
Como resultado de las medidas adoptadas, se determinó que la organización criminal había provocado una estafa total estimada en 1,8 billones de pesos, valiéndose de técnicas de ingeniería social, documentación apócrifa y herramientas tecnológicas destinadas a vulnerar los sistemas de control y validación de entidades financieras.
En el marco de la denominada Operación Crypto-Agro se concretaron allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos del país, entre ellos Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rosario, Firmat, Colón (Buenos Aires), Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. Los procedimientos reflejan la magnitud y el carácter federal de la maniobra delictiva investigada.
Como consecuencia de los operativos, cuatro integrantes de la organización criminal fueron detenidos y se secuestró abundante material de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos y documentación, que será sometida a peritajes técnicos especializados.
Los allanamientos y detenciones se realizaron con la participación coordinada de fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, dependencias policiales de Firmat y la División Unidad Operativa Federal Pergamino.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la Operación Crypto-Agro expone el avance de nuevas modalidades de criminalidad económica y digital, en las que la tecnología es utilizada para cometer fraudes de gran escala, con impacto no solo en víctimas particulares sino también en el sistema financiero en general.
La actuación conjunta del Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía Nº 3 reafirma, señalaron, una política de persecución penal orientada a la investigación de delitos complejos, basada en el uso de herramientas tecnológicas, la cooperación interinstitucional y la protección de la seguridad jurídica y económica de la comunidad.
Los investigadores informáticos adquieren gran importancia al esclarecer estas maniobras defraudatorias individualizando a sus presuntos autores a través de complejos mecanismos cibernéticos para apoderarse ilegítimamente de fondos de empresas o personas físicas.