El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos que reemplaza la segmentación por ingresos
A partir del nuevo régimen, existe una sola categoría de beneficiarios: los usuarios residenciales que necesiten apoyo estatal para cubrir el consumo indispensable de energía.
ARCHIVOEl Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de asistencia estatal para el pago de los servicios de electricidad y gas, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022. La medida comenzó a aplicarse durante enero y modifica de manera directa la forma en que millones de hogares acceden a tarifas subsidiadas.
El cambio forma parte de la estrategia oficial de reducción gradual del gasto público destinado a energía. Según datos oficiales, los subsidios representaron el 1,5% del Producto Bruto Interno en 2023, descendieron al 0,65% durante 2024 y el objetivo para este año es llevarlos a alrededor del 0,5% del PBI.
La nueva modalidad busca concentrar la asistencia exclusivamente en los hogares que acrediten dificultades económicas para afrontar el consumo energético básico, dejando atrás el esquema de tres categorías —N1, N2 y N3— que diferenciaba a los usuarios según ingresos.
A partir del nuevo régimen, existe una sola categoría de beneficiarios: los usuarios residenciales que necesiten apoyo estatal para cubrir el consumo indispensable de energía.
El principal parámetro para acceder al subsidio es el ingreso familiar. El Gobierno fijó como límite tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes, tomando como referencia los valores publicados por el Indec. Con la última medición disponible, la CBT asciende a $1.308.713, por lo que el tope de ingresos quedó establecido en $3.926.139 mensuales por hogar.
Además del criterio económico, se mantienen situaciones especiales que garantizan la continuidad del beneficio. Entre ellas se incluyen hogares donde resida un veterano de guerra con pensión vitalicia, familias con Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y casos en los que exista un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), situación que será evaluada particularmente para determinar la necesidad económica vinculada al consumo energético.
El nuevo sistema también incorpora controles patrimoniales más estrictos. No podrán acceder al subsidio los hogares cuyos integrantes posean vehículos con menos de tres años de antigüedad —salvo situaciones vinculadas a discapacidad—, tres o más propiedades, embarcaciones o aeronaves, ni aquellos con participación en sociedades comerciales.
Estos cruces de información se realizan mediante bases de datos estatales integradas, con el objetivo de focalizar la asistencia en sectores considerados vulnerables.
El registro actual se construyó sobre la base del anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por ese motivo, quienes ya estaban inscriptos no necesitan realizar nuevamente el trámite para conservar el beneficio.
Sin embargo, las autoridades recomiendan actualizar periódicamente la declaración jurada para informar cambios en ingresos, composición familiar o servicios energéticos utilizados.
El trámite puede hacerse de manera online y también de forma presencial en oficinas de ANSES para quienes no tengan acceso a herramientas digitales. En caso de exclusión considerada errónea, los usuarios podrán solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
El nuevo esquema fija bloques de consumo base sobre los cuales se aplicará el subsidio. Para la electricidad, se estableció un límite de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda —enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre— y de 150 kWh en los períodos de menor consumo.
La energía utilizada por encima de esos valores se abonará a tarifa plena, sin asistencia estatal.
Durante 2026, el Estado cubrirá el 50% del costo del consumo base subsidiado. A esto se suma una bonificación extraordinaria transitoria que comenzó en enero con un 25% adicional y que irá reduciéndose progresivamente hasta desaparecer hacia fin de año.
El Gobierno estima que alrededor de 145.000 usuarios residenciales dejarán de recibir subsidios sobre un universo total de 16,6 millones de clientes eléctricos en todo el país. La exclusión se determina mediante cruces automáticos de información tributaria y social realizados por el Sistema Integrado Nacional Tributario y Social (Sintys).
Quienes queden fuera del registro comenzarán a pagar el costo pleno de la energía.
Uno de los cambios más relevantes alcanza a los antiguos usuarios N1, es decir, los hogares de mayores ingresos. Aunque desde 2022 se había anunciado que no recibirían asistencia, distintos estudios mostraban que aún existía un subsidio indirecto.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), esos usuarios abonaban en enero cerca del 95% del costo real de la electricidad. Con el nuevo esquema, pasarán a cubrir el valor total del abastecimiento energético.
El nuevo régimen marca un giro en la política energética reciente: menos subsidios generalizados y mayor focalización del gasto público. Para los usuarios, el impacto dependerá principalmente de su nivel de ingresos, del consumo mensual y de la actualización correcta de sus datos en el registro oficial.
En un contexto de recomposición tarifaria y ajuste fiscal, comprender cómo funciona el sistema se vuelve clave para evitar perder beneficios y anticipar el costo real de los servicios en los próximos meses.