El fiscal Nelson Mastorchio pidió que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal condenen al sujeto señalado por abusos sexuales a una menor.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal: Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone.
LA OPINIONEste martes se desarrolló en los Tribunales de Pergamino la segunda y última jornada de juicio oral en el juicio contra un hombre de 69 años acusado de abusar sexualmente de la hija de su ex pareja, cuando convivían en un departamento del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.
Durante la audiencia, celebrada en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, comparecieron varios testigos propuestos por la defensa, quienes ofrecieron su testimonio acerca de los vínculos personales, laborales y afectivos del acusado. Tras la recepción de al menos cuatro declaraciones, las partes formularon sus alegatos finales ante los jueces Marcela Santoro (presidenta), Guillermo Burrone e Ignacio Uthurry.
El fiscal Nelson Mastorchio solicitó al Tribunal que condene al imputado a la pena de doce años de prisión por considerar acreditada su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido el guardador de la víctima, en los términos previstos por el Código Penal. En su exposición, el representante del Ministerio Público destacó la gravedad de los hechos y el impacto de las agresiones sobre la adolescente, a quien el acusado debía proteger y no vulnerar.
En contraposición, el abogado defensor, Rodrigo Cuellar Aliaga, pidió la absolución de su asistido, o en caso de que el Tribunal considere acreditada la existencia del delito, que la eventual condena sea bajo una calificación legal más leve.
El proceso oral comenzó el lunes por la mañana, cuando las partes expusieron sus lineamientos iniciales ante el Tribunal.
En esa primera jornada se proyectó el registro audiovisual de la declaración de la víctima brindada en Cámara Gesell, además de los informes técnicos elaborados por psicólogas y profesionales que intervinieron en su acompañamiento. También declararon las trabajadoras del Hogar Convivencial Municipal, quienes asistieron a la adolescente durante el período en que permaneció bajo resguardo estatal.
El fiscal Mastorchio, acompañado por la funcionaria María José Suárez, sostuvo desde el inicio que el acusado aprovechó su posición dentro del grupo familiar y los momentos de ausencia de la madre para someter a la menor. Según la acusación, los abusos ocurrieron durante la convivencia con la madre de la víctima, quien mantenía una relación sentimental con el imputado, en un contexto de control y vulnerabilidad hacia la joven.
La intervención de profesionales del ámbito municipal fue decisiva para que la adolescente pudiera relatar los hechos y recibir asistencia.
A partir del trabajo de psicólogas y personal del Hogar Convivencial, se radicó la denuncia judicial que dio inicio a la investigación penal. Los informes elaborados por esas profesionales resultaron fundamentales para la acusación fiscal, que se apoyó en la coherencia del testimonio de la víctima, las pericias psicológicas y la evaluación interdisciplinaria de su entorno.
El proceso puso de relieve el rol de las instituciones locales dedicadas a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que en este caso intervinieron oportunamente para garantizar el resguardo y la escucha de la víctima.
En la segunda jornada, el abogado defensor presentó a los testigos de descargo que buscaron ofrecer una imagen favorable del acusado, resaltando aspectos de su personalidad y de su entorno familiar y laboral.
Tras esas declaraciones, se pasó a la instancia de alegatos finales, donde las partes sintetizaron sus posturas: por un lado, la fiscalía insistió en que la prueba reunida permite tener por acreditada la autoría penal del imputado; por el otro, la defensa alegó que no se alcanzó el grado de certeza requerido para una condena.
Con la finalización de las audiencias, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 se retiraron a deliberar y en condiciones de dictar un veredicto que se conocerá el jueves 23 de octubre a las 12:00.
De este modo, el proceso judicial entra en su etapa de deliberación, en la que los magistrados Santoro, Burrone y Uthurry deberán resolver si el acusado es penalmente responsable de los delitos que le imputa el fiscal Mastorchio o si corresponde absolverlo o por calificaciones más leves, como propuso la defensa del abogado Cuellar.
Más allá del resultado, el juicio volvió a poner en evidencia la complejidad de los casos de violencia sexual intrafamiliar y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de protección y acompañamiento para víctimas menores de edad.