Ayer minutos después del mediodía se conoció oficialmente que la Justicia, por medio del titular del Juzgado Correccional Nº 2 a cargo de Alejandro Salguero, rechazó el pedido de la defensa de Alejandro Urquiza Rueda en la causa sobre la muerte de Victorio Otero de realizar un juicio a prueba (probation).
La imputación por tratarse de un homicidio culposo agravado, delito que no solamente puede tener una pena de prisión o reclusión, sino también trae aparejado la inhabilitación (por el doble de tiempo de la condena para manejar cualquier tipo de vehículo automotor), fue determinante en la decisión del magistrado.
La jurisprudencia tiene dos cuestiones fundamentales, primero que se necesita el acuerdo del fiscal (Alejandra Ghiotti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7) y en caso de que esto no suceda y su postura está bien fundamentada, el juez no puede hacer lugar al pedido de suspensión del juicio porque se establece que aquellos hechos que puedan tener una pena de inhabilitación tampoco deben ser receptores del beneficio de la probation.
Teniendo en cuenta la repercusión social que tuvo lo ocurrido, todas las cuestiones a discutir (sin tener en cuenta las pruebas) deberán ser hechas en un juicio oral y público, indicaron fuentes judiciales consultadas por LA OPINION.
Ahora será el turno de la defensa de continuar con su estrategia de no llegar a un juicio, situación que podría determinar que Alejandro Urquiza Rueda pueda recibir una pena de 3 a 6 años de prisión en efectivo cumplimiento.