La instrucción judicial de Cibercrimen desbarató la célula local de una organización criminal con un líder en Brasil, que accedían a las cuentas bancarias de las víctimas a través de un virus. El juez Julio Caturla ordenó la detención hasta el juicio.
El juez Julio Caturla ordenó la prisión preventiva de dos individuos acusados de integrar una célula argentina de una organización criminal internacional dedicada a la defraudación informática mediante un virus troyano.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Pergamino y la Dirección de Cibercrimen, permitió desmantelar la operación local y poner en evidencia el modus operandi de la banda, que generó perjuicios millonarios a las víctimas.
La organización criminal operaba con una estructura jerárquica, en la que el cabecilla de la célula argentina, un joven de la localidad de Mariano H. Alfonzo, recibía órdenes directas de un ciudadano brasilero, líder de la operación global. Junto a él, su hermano, recientemente detenido, actuaba como su principal colaborador, ejecutando las instrucciones sin cuestionamientos.
La operación tenía como objetivo infiltrar computadoras con el virus Grandoreiro, el cual permitía el acceso a cuentas bancarias de las víctimas para transferir fondos a cuentas controladas por la organización.
La Fiscalía de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, imputó a cinco miembros de la célula local por "Asociación Ilícita y Defraudación Informática reiterada", un delito que conlleva penas de hasta diez años de prisión.
Se estima que el monto sustraído supera los 110 millones de pesos, con transacciones que, en menos de 20 minutos, permitían convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo al líder en Brasil.
El virus Grandoreiro, según explicó José María Cifuentes, experto en cibercrimen de la Fiscalía, se activaba al detectar el acceso a sitios bancarios reales, obteniendo credenciales de usuario y tokens de seguridad. Este mecanismo permitió a la banda operar con eficiencia y rapidez, dejando a las víctimas sin posibilidad de reaccionar antes de que los fondos fueran extraídos de sus cuentas.
El operativo, bautizado "Copacabana", permitió identificar a once integrantes de la célula argentina, de los cuales tres fueron detenidos. La investigación incluyó el análisis de comunicaciones, peritajes informáticos y operativos conjuntos con la Policía Federal y la Procuración bonaerense.
Un papel clave en la organización lo jugaron los llamados "prestacuentas", individuos que prestaban sus datos bancarios para recibir transferencias y redistribuirlas según las órdenes del cabecilla local.