La normativa sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados causó beneplácito en profesionales y familias que trabajan con personas que presentan dificultades específicas del aprendizaje. La cobertura por parte de las obras sociales es uno de los aspectos previstos.
DE LA REDACCION. La aprobación por unanimidad de la conocida como Ley de Dislexia por parte de la Cámara de Diputados de la Nación generó de inmediato repercusiones positivas en distintos actores sociales, tanto del ámbito educativo como sanitario, por cuanto se trata de una iniciativa reclamada por familiares de personas que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).
Esta semana la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la iniciativa que declara de interés nacional los tratamientos y los incluye en el Plan Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura.
Con 206 votos a favor y ningún rechazo, la Cámara Baja convirtió en ley el proyecto que venía del Senado y que establece la cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas de las prestaciones médico asistenciales para las personas que padecen trastornos de aprendizaje como la dislexia, entre otros.
El proyecto había recibido dictamen favorable días antes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y había sido avalado previamente por las comisiones de Educación y de Salud.
Mediante la ley, se declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), es decir quienes sufren de desórdenes neurobiológicas que dificultan los procesos cognitivos vinculados con la lectoescritura, el lenguaje, y los cálculos matemáticos.
La normativa prevé que el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud asuman la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la ley.
Esta normativa refleja el reclamo de muchas familias por las dificultades que atraviesan sus hijos en el aula, ya que el sistema educativo no ofrece suficientes respuestas e instrumentos integradores para esta problemática.
Ecos
De inmediato la noticia respecto de la aprobación de la ley generó el beneplácito de asociaciones y grupos de padres que venían bregando por esta iniciativa. En consultas realizadas por LA OPINION a familiares de chicos con dislexia y profesionales que trabajan tanto en escuelas como en consultorios fonoaudiológicos, las apreciaciones fueron unánimes con relación a considerar que se trata de un gran paso adelante dado en relación a que todos los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos que necesitan, en el marco de equipos de intervención que trabajen desde la multidisciplina y que favorezcan el desarrollo pleno y el manejo apropiado de las dificultades que afectan a quienes padecen este tipo de trastornos.
Hace pocas semanas en un informe especial producido por LA OPINION, la aprobación de la Ley de Dislexia aparecía como la asignatura pendiente y el deseo común de quienes están atravesados por esta problemática.
Nuevos desafíos
En el plano de los nuevos desafíos queda por delante determinar cómo se dará el proceso de implementación de la ley para asegurar su cumplimiento, al tiempo que avanzar en cómo universalizar el acceso a los tratamientos para quienes no cuentan con cobertura social. Esta cuestión quedó planteada como inquietud en el recinto por parte de algunos legisladores y motivará seguramente el desarrollo de iniciativas que desde el sistema público de salud favorezcan la conformación de equipos multidisciplinarios que aseguren la atención en ámbitos estatales.