La Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires instruyó en lo que va del año unos 5.100 sumarios contra efectivos de la Policía bonaerense, mientras que casi dos mil de esos policías ya fueron apartados de la fuerza.
Según señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad, desde diciembre último se recibieron unas 18.000 denuncias contra efectivos de la Policía, el 50 por ciento de las cuales son por presuntos casos de corrupción vinculados a miembros de la fuerza. La mayoría de las denuncias son por corrupción o por irregularidades en las funciones, precisaron. En tanto, de esas 18 mil denuncias, unas 5.100 derivaron en sumarios, que a su vez ocasionaron la separación de un total de 1.995 efectivos. Esos policías están investigados por diferentes causas y se encuentran en distintas situaciones administrativas, agregaron.
Específicamente, de los 1.995 apartados, hay 830 desafectados, otros 565 con prórroga de desafectación, 350 con pase a disponibilidad, 169 con sanciones expulsivas y en 81 en inactividad. Asimismo, señalaron que un 20 por ciento son denuncias contra efectivos de la Policía Local.
Ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal volvió a hablar de la necesidad de depurar a las fuerzas policiales y al servicio penitenciario, uno de los principales ejes de su gestión para combatir el narcotráfico y la inseguridad.
En ese sentido, Vidal volvió apuntar contra el ex gobernador Daniel Scioli al señalar que la gestión anterior no quiso o no supo enfrentar al narcotráfico. Cabe recordar que en declaraciones anteriores, la mandataria provincial había señalado que en lo que va de 2016 Asuntos Internos ha hecho más sumarios de investigaciones sobre presuntos casos de mal desempeño de los agentes de seguridad que los que se hicieron en todo el año pasado.
En tanto, en el marco de esta ofensiva del Gobierno provincial en contra de la corrupción al interior de las fuerzas policiales, 154 efectivos son investigados por estas horas por no haber presentado sus declaraciones juradas, al tiempo que deberán cumplir cinco días de suspensión de empleo.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon a esta agencia que esas investigaciones se realizan por fuera del Ministerio de Seguridad y que están a cargo de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y de la UIF (Unidad de Información Financiera).
Como informó esta agencia, del total de 6.341 policías obligados a presentar las declaraciones juradas -desde subcomisario hasta comisarios generales- fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a esa exigencia legal.
La medida fue dispuesta en el marco del decreto 116 firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal en marzo y que obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar anualmente su declaración patrimonial.
Inseguridad
En otro orden de cosas, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, se refirió a la problemática de la inseguridad y sostuvo que debe abordarse en forma integral. Advirtió además que las víctimas de los delitos son los grandes olvidados en el proceso penal.
La gobernadora (María Eugenia Vidal) nos instruyó desde el inicio de su gestión para el abordaje integral de la problemática de la inseguridad, afirmó Ferrari. Y en ese sentido, afirmó que es necesario trabajar todos al mismo tiempo, identificando que la inseguridad no solo es una cuestión que depende de la Policía, también depende de la Justicia, de la legislación y del sistema carcelario.
El sistema carcelario, advirtió el funcionario en declaraciones a radio Mitre, hoy no está reincorporando a la sociedad a las personas que pasan por el sistema, casi la mitad vuelve a la cárcel luego de estar en manos del Estado y manifestó que cuando salen, vuelven a reingresar.
Esta realidad primero se admite, lo cual es muy importante, y va a llevar tiempo cambiarla, expresó.
Asimismo, dijo que lo que disuade al delincuente es que lo detengan y cuando lo detienen que lo condenen y cuando lo condenan, que la condena se cumpla, y aseguró que esto es lo que disuade. Por eso, la inseguridad hay que abordarla en forma integral. Eso es lo que estamos abordando en la provincia de Buenos Aires, expresó.
En ese sentido, se mostró a favor de poner a la víctima en el lugar que corresponde y dijo que se presentará un proyecto la semana que viene para poner a la víctima en el centro del proceso penal. Agregó además que hoy la víctima es la gran olvidada del proceso penal.
Asimismo, aseguró que existe la decisión política de combatir a la inseguridad, porque mucho tiempo se la negaba y manifestó que hay que cambiar el paradigma y enfocar la legislación en la víctima.