Milei rubricó el proyecto y lo envió al Senado. Eliminó cambios sobre la cuota solidaria y moderó la cuota de afiliación, en un gesto directo a los sindicatos.
Milei y Adorni durante la firma del documento
XRecién aterrizado de Oslo, donde participó de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se colocó nuevamente el mameluco de YPF —un gesto simbólico que el oficialismo explota desde el primer día de gestión— y firmó de puño y letra la reforma laboral. El proyecto, esperado con tensión tanto por empresarios como por el sindicalismo, fue remitido minutos después al Senado.
El texto final dejó al desnudo una pulseada que se extendió por casi 48 horas entre funcionarios libertarios, negociadores parlamentarios y los principales dirigentes de la CGT. El Gobierno decidió finalmente excluir la eliminación de la “cuota solidaria”, la contribución obligatoria que pagan los trabajadores no afiliados por la actividad gremial. Era el punto más sensible para los sindicatos, que lo habían marcado como una línea roja.
También se suavizó otro artículo que ponía en alerta al mundo gremial: el mecanismo para descontar la cuota de afiliación sindical. Si bien los empleadores seguirán pudiendo oficiar como agentes de retención, ahora se exigirá la conformidad expresa del trabajador y la autorización de la Secretaría de Trabajo. La caja sindical, amenazada en borradores preliminares, queda así bajo control de los gremios.
El giro no fue casual. Durante dos días se sucedieron llamadas, borradores circulando entre manos y reuniones discretas con la conducción de la CGT. Ganó la postura de la mesa política del Gobierno: Santiago Caputo, Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli. En la vereda opuesta quedó Federico Sturzenegger, impulsor de una reforma laboral más profunda y frontal contra las estructuras sindicales.
El texto firmado por Milei —71 hojas, 26 títulos— incluye los cambios más amplios desde los años noventa: nuevas indemnizaciones, límites al derecho de huelga, habilitación para pagar salarios en dólares, cambios en el régimen de licencias, bancarización de horas extra bajo el sistema de “banco de horas”, y la incorporación de reglas específicas para repartidores de aplicaciones.
El capítulo sobre indemnizaciones redefine la base salarial y establece compensaciones equivalentes a un mes por año trabajado, mientras elimina del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones u otros pagos no mensuales. También avanza en un punto clave para el oficialismo: la reducción de la litigiosidad laboral mediante criterios uniformes para determinar incapacidades y plazos acotados en procesos judiciales.
En materia de conflicto sindical, el Gobierno amplía la lista de actividades esenciales —que exigen un 75% de prestación mínima— y suma las “trascendentales”, que requieren un 50% de servicio. El texto también habilita el descuento salarial automático durante asambleas y protestas en las que el trabajador “deja de estar a disposición del empleador”.
El ingreso del proyecto por la Cámara alta no es menor: Patricia Bullrich ya dio la orden interna de intentar debatirlo antes de Navidad, aunque el calendario legislativo hace ese objetivo incierto. Las comisiones recién se están conformando y el reglamento impone plazos difíciles de acelerar sin un acuerdo de dos tercios.
En Diputados, Martín Menem concentra las negociaciones por el Presupuesto 2026 mientras define, junto al oficialismo, el orden de prioridades de una agenda extraordinaria que vence el 31 de diciembre. El Gobierno sabe que el tiempo es un enemigo y por eso ya evalúa convocar a nuevas extraordinarias para enero y febrero.
Mientras tanto, la foto del Presidente en mameluco firmando la reforma recorrió las redes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró que el proyecto represente “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”. Pero el mensaje político más potente está en el cierre del texto remitido al Congreso: una apelación directa a los legisladores para “terminar con 100 años de decadencia”.
El Senado tendrá ahora la palabra. Milei, por lo pronto, hizo dos cosas al mismo tiempo: envió una reforma estructural y evitó una guerra abierta con la CGT en pleno diciembre—aunque la verdadera batalla recién comienza.