Adorni enfrenta una causa por enriquecimiento: hipotecas, jubiladas prestamistas y un pago de 270 mil dólares
La escribana que intervino en sus operaciones inmobiliarias volvió por segunda vez a Comodoro Py para ampliar su declaración.
9 de abril de 2026 - 11:20
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Manuel Adorni enfrenta causas judiciales
Archivo
El jefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa una situación judicial de creciente complejidad. La causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito en el fuero federal suma elementos semana a semana, y este jueves tuvo un nuevo capítulo: la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en varias de sus operaciones inmobiliarias, volvió a presentarse en la fiscalía de Gerardo Pollicita en Comodoro Py sin haber sido citada, con el objetivo de ampliar su declaración y aportar documentación sobre los honorarios percibidos.
El núcleo de la investigación gira en torno a una serie de transacciones inmobiliarias que presentan características poco habituales. La más reciente y la que concentra mayor atención judicial es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por Adorni el año pasado mediante un crédito de 200.000 dólares otorgado directamente por las vendedoras del inmueble: dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Según declaró la escribana, el jefe de Gabinete se comprometió a cancelar esa deuda en 2026, sin intereses ni cuotas. La figura utilizada fue técnicamente una hipoteca contra saldo de crédito, habitual en el mercado inmobiliario, pero con condiciones que otros escribanos consultados por La Nacion calificaron como marcadamente llamativas: la deuda representaba más del 80% del valor de la propiedad.
Esa no es la única deuda que pesa sobre Adorni. Existe además una primera hipoteca constituida sobre su departamento en el barrio de Parque Chacabuco, utilizada para financiar la compra de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En esa operación, el dinero provino de otras dos mujeres —Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio—, quienes prestaron 100.000 dólares en efectivo con un interés del 11% anual. Según la escribana, ambas fueron introducidas por ella en la operación y no conocían previamente a Adorni. Una de ellas, confirmó Nechevenko, es una policía retirada. De ese préstamo, Adorni canceló el 30% más parte de los intereses, restando aún unos 70.000 dólares.
La casa del country Indio Cuá fue escriturada a nombre exclusivo de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, aunque en su declaración jurada el jefe de Gabinete figura como titular del 50% de la deuda. La escribana explicó el vínculo entre ambas operaciones con una frase que sintetiza la estructura financiera del caso: "Con la hipoteca de la casa de la calle Asamblea va a pagar la de Indio Cua."
Durante su declaración de ayer, a Nechevenko se le solicitó que exhibiera su teléfono celular para corroborar aspectos de su testimonio. La escribana sostuvo que no lo tenía consigo. Sin embargo, una fotografía de La Nacion la mostraba manipulando un dispositivo momentos antes de ingresar a declarar. Hoy, al ser consultada al respecto, Nechevenko afirmó que ese aparato no era suyo. El episodio alimentó las dudas sobre la coherencia de su relato inicial y puede haber sido uno de los motivos de su regreso voluntario a la fiscalía para aportar precisiones adicionales.
Adriana Nechevenko
Adriana Nechevenko, ayer, en los tribunales de Comodoro Py
Ricardo Pristupluk
Lo que viene: secreto fiscal, bancario y un vencimiento en noviembre
La fiscalía trabaja para reunir los elementos necesarios que le permitan solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni. El objetivo es acceder a información que permita contrastar el origen de los fondos involucrados en las operaciones con el patrimonio declarado por el funcionario. La propia escribana reforzó ayer un concepto que no pasó inadvertido: "No es obligatorio explicar el origen de los fondos" de las transacciones, dijo.
El calendario judicial tiene además una fecha marcada en rojo: en noviembre de este año, Adorni debe afrontar un pago de 270.000 dólares correspondiente a sus deudas inmobiliarias acumuladas. Cómo reunirá ese dinero mientras ocupa uno de los cargos más altos del Poder Ejecutivo es una de las preguntas que la investigación busca responder.