En un juicio "oral y público", la defensa de un acusado por venta de drogas pidió que desalojaran a la prensa pero la jueza sostuvo la libertad de cobertura.
La jueza no consideró acreditada la tenencia de las dosis de cocaína con fines de comercio.
LA OPINIONEn la mañana del miércoles se vivió una tensa situación durante un juicio oral y público en el que se juzga a un imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de que le secuestraran 50 dosis de cocaína en su domicilio.
El incidente se desató cuando el defensor oficial del acusado, Estanislao Carricart, intentó que se desalojara de la sala al cronista de Diario LA OPINIÓN, quien había ingresado a cumplir su labor periodística y registraba imágenes del desarrollo del debate.
Carricart expresó su malestar a la jueza Marcela Santoro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, alegando que estaba mal que el periodista tomara fotografías o filmara la audiencia.
La jueza interrumpió la declaración de un testigo, quien respondía preguntas de la Fiscalía, para abordar el planteo del abogado defensor. Le recordó de inmediato que los juicios orales son públicos por disposición legal y que, si consideraba que debía restringirse la cobertura, debía argumentarlo en base a causales excepcionales.
“El principio de publicidad de los actos judiciales está garantizado por ley. Si usted cree que la difusión de la audiencia afecta su estrategia, debe explicarlo debidamente”, sostuvo la magistrada. Ante este requerimiento, Carricart no logró fundamentar su pedido y finalmente la cobertura periodística continuó.
Sí insistió en su incomodidad por las fotografías, lo que llevó a la jueza a sugerir al periodista que se alejara algunos metros para evitar interferencias en el normal desarrollo del debate, permitiéndole seguir registrando la instancia.
En su intervención, Santoro fue clara al defender la libertad de expresión y subrayó que la prensa cumple un rol fundamental para asegurar el carácter público de los procesos judiciales. Su postura contrastó con la actitud del defensor, que pretendía limitar el acceso informativo a una audiencia de evidente interés público.
Este episodio expone una preocupante visión que aún persiste en ciertos sectores del sistema judicial, donde algunos operadores parecen creer que la Justicia debe mantenerse al resguardo de la mirada pública, como si sus actos no necesitaran del control democrático que ejercen los medios.
Resulta necesario destacar la firmeza institucional de la jueza Santoro al garantizar el derecho a informar y rechazar cualquier intento de censura en el marco de una audiencia pública.
En tiempos donde la transparencia debe ser la regla, y no la excepción, la defensa de la libertad de prensa -sobre todo cuando el planteo proviene de funcionarios del propio sistema democrático- no sólo es una obligación legal, sino un imperativo ético.