El pasado miércoles, en el marco de una audiencia penal, el defensor Estanislao Carricart pretendió que un periodista de LA OPINION dejara de registrar las instancias del debate oral. Con esa acción no sólo cuestionó la labor de la prensa: cuestionó también el derecho de la ciudadanía a observar, conocer y evaluar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. En este sentido, su actitud no es un hecho aislado ni menor. Refleja una mirada sobre la Justicia todavía arraigada en ciertos sectores, que la conciben como un espacio cerrado, casi ritual, ajeno al escrutinio público.
Ese hecho, ocurrido en una sala de audiencias de un tribunal penal, puede parecer un episodio menor, una anécdota más dentro de un juicio por tenencia de estupefacientes. Sin embargo, lo que se puso en juego en esa breve discusión entre un defensor oficial y una jueza trasciende largamente los márgenes de ese expediente. Lo que allí se debatió, aunque brevemente, fue el alcance real de un principio fundacional de la democracia: el derecho a la información y, por extensión, la vigencia plena de la publicidad de los actos judiciales.
Frente a esta pretensión, la respuesta de la jueza Marcela Santoro no sólo fue jurídicamente acertada, sino institucionalmente saludable. No eludió el planteo, lo interrumpió con firmeza para recordar algo tan básico como fundamental: los juicios orales son públicos, salvo en casos excepcionales debidamente fundados. La publicidad de los actos judiciales no es un ornamento normativo ni un gesto de cortesía hacia la prensa: es una garantía constitucional y un mecanismo de salubridad democrática.
La jueza no cayó en la trampa de resolver por la vía del fastidio. No se dejó arrastrar por la incomodidad que puede provocar la presencia de un cronista en medio de una audiencia. Por el contrario, sostuvo el principio con claridad: si había una razón concreta, fundada, objetiva para restringir la cobertura, debía ser explicitada. No bastaba con la mera incomodidad del defensor. No se trata de que el periodista se “porte bien” o que “no moleste”, sino de que está allí ejerciendo un derecho -el suyo y el de la sociedad a la que informa-.
El gesto de sugerir al cronista que se alejara unos metros fue una solución práctica para facilitar el desarrollo de la audiencia, sin ceder un milímetro en el fondo de la cuestión: la libertad de prensa no se negocia. Y es en esa doble dimensión -la firmeza legal y la sensatez práctica- donde la actitud de la jueza Santoro adquiere verdadero valor institucional.
Es cierto que en los tribunales conviven a diario la tensión entre lo público y lo reservado. Hay causas sensibles, hay víctimas vulnerables, hay momentos procesales que requieren prudencia. Pero precisamente por eso, los límites a la publicidad deben ser excepcionales y rigurosamente justificados. No pueden depender del humor de un abogado ni del recelo de una parte frente a la presencia de una cámara o un grabador.
Cuando desde dentro del propio sistema de justicia se intenta limitar la mirada pública, lo que se pone en riesgo no es sólo el derecho de los periodistas: se socava el contrato democrático que sostiene a las instituciones. Porque si los juicios se cierran, si se vuelven opacos, si se recortan arbitrariamente los derechos de acceso a la información, lo que queda no es una justicia más eficiente, sino una justicia más vulnerable a los abusos y a las arbitrariedades.
La actitud del defensor, más allá de sus motivaciones personales o estratégicas, expuso una forma de entender el proceso judicial como una ceremonia reservada, donde la prensa es una intromisión antes que una garantía. La respuesta de la jueza, en cambio, reivindicó el juicio como acto ciudadano, abierto, controlable. No es casual que este contraste haya tenido lugar en el marco de un juicio oral: el mecanismo por excelencia diseñado para asegurar la visibilidad de los procesos.
Es probable que en una ciudad con mentalidad de pueblo como la nuestra, algún partícipe de este poder del Estado considere que su trabajo no requiere de la mirada atenta de un medio, que en definitiva es conocido, no solo el medio, es conocido el periodista; son complejas las redes sociales, la crítica del vecino, de la peña y los amigos de la infancia. Sin embargo, el respeto por la búsqueda de la verdad mediante la publicación de los juicios públicos excede esa lógica de pueblo. Es necesario.
En tiempos en que la confianza en las instituciones se resquebraja fácilmente, episodios como este nos recuerdan que la transparencia no es un eslogan ni una aspiración abstracta. Es una práctica concreta, que se defiende en cada sala de audiencias, en cada decisión de una jueza, en cada nota publicada por un medio. Y es también un imperativo ético: porque no puede haber justicia que no soporte ser vista.
