El Gobierno de San Pedro analiza medidas administrativas y judiciales para reclamar una deuda que supera los $267 millones.
El Municipio analiza acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan las obras sociales
GoogleEl Municipio de San Pedro analiza activar una estrategia legal para recuperar más de 267 millones de pesos adeudados por obras sociales nacionales y provinciales, una situación que, según un informe oficial, impacta de manera directa en la sustentabilidad del sistema de salud y en el funcionamiento del Hospital Municipal.
Un informe elevado por la Subsecretaría Legal y Técnica al intendente Cecilio Salazar detalla que la deuda de obras sociales asciende a $267.722.668 al mes de octubre de 2025. El documento, elaborado junto a la Secretaría a cargo de la Dra. María Isabel Carrasco, advierte una “grave situación financiera” y propone avanzar con un plan de cobro escalonado y acciones legales.
El reporte señala que la deuda total se concentra principalmente en cinco obras sociales. OSPRERA encabeza el listado con $123.664.227,09, equivalente al 46,2% del total; seguida por Unión Personal, que adeuda $83.214.216,62 (31,1%). Completan el cuadro IOMA con $23.628.537,21, IOSFA con $17.700.840,00 y OSPECON con $15.484.229,04. En menor medida, la obra social de Choferes registra $4.030.617,89.
El informe remarca que todos los servicios prestados fueron realizados con recursos municipales —personal, insumos e infraestructura— y que el incumplimiento representa un perjuicio patrimonial que afecta directamente la operatividad del Hospital Municipal.
La Subsecretaría Legal y Técnica, dirigida por el Dr. Daniel Porta, propone una estrategia de cobro en dos fases. La primera consiste en intimaciones formales mediante carta documento con un plazo de diez días hábiles para regularizar la deuda. Según el documento, esta etapa ya fue cumplimentada sin obtener respuestas de los deudores.
La segunda fase prevé el inicio de acciones judiciales: juicios ejecutivos si existen facturas conformadas, o procesos ordinarios en caso contrario. También contempla medidas cautelares como embargo de fondos e inhibición de bienes, además de eventuales denuncias penales por presunta defraudación a la administración pública.
El informe sugiere priorizar gestiones políticas paralelas en los casos de OSPRERA e IOMA debido al volumen de deuda. En el caso de IOSFA, recomienda articular con el Ministerio de Defensa. Para las obras sociales sindicales como Unión Personal, OSPECON y Choferes, aconseja avanzar con denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud además de las vías judiciales.
Como conclusión, el documento afirma que la situación constituye “un caso de extrema gravedad institucional y financiera” que demanda una reacción inmediata del Municipio. Sostiene que la recuperación de los créditos es técnicamente viable, aunque requiere decisión política para avanzar en su ejecución.