El oficialismo analiza dividir el debate parlamentario: en diciembre buscará aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, mientras que las reformas laboral, tributaria, penal y ambientales quedarían para febrero. La jugada apunta a ganar tiempo político y asegurar apoyos provinciales.
El Gobierno nacional evalúa dividir en dos etapas las sesiones extraordinarias del Congreso, priorizando en diciembre el tratamiento del Presupuesto 2026 y postergando para febrero la discusión de las reformas estructurales que impulsa Javier Milei. La estrategia busca evitar un desgaste político en las semanas previas al recambio legislativo y ganar margen de negociación con los gobernadores.
Dos tandas de extraordinarias: diciembre y febrero
Según adelantaron fuentes oficiales, la primera tanda se extendería entre el 11 y el 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal como ejes centrales.
El segundo tramo, previsto entre el 1° y el 28 de febrero, incluiría las reformas laboral, tributaria, penal y la modificación de la Ley de Glaciares, junto a otros proyectos del Pacto de Mayo.
La decisión responde a una estrategia de escalonamiento legislativo: el Gobierno considera que la aprobación del Presupuesto será clave para sostener el equilibrio fiscal y mostrar disciplina ante los organismos internacionales, mientras que las reformas estructurales demandarán un debate más extenso.
Negociaciones con gobernadores y nueva mesa de poder
Con la reciente incorporación de Diego Santilli como ministro del Interior y Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el Ejecutivo puso en marcha una ronda de reuniones con los mandatarios provinciales.
El objetivo es garantizar votos para el presupuesto y abrir una segunda instancia de diálogo sobre las reformas.
Santilli, junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem, coordina el nuevo esquema de articulación con las provincias bajo la órbita de Karina Milei, figura que hoy concentra el poder político dentro de La Libertad Avanza.
En Balcarce 50 admiten que “no habrá tiempo material para todo el paquete” antes de fin de año, pero confían en llegar a diciembre con un gesto de gobernabilidad y un texto aprobado.
Inocencia Fiscal: un giro ideológico en el sistema tributario
El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que acompañará el presupuesto en diciembre, busca instaurar un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Según explicó el titular de la Agencia de Recaudación (ARCA), Juan Pazo, la norma “parte del principio de que todos somos inocentes, salvo que el fisco demuestre lo contrario”.
En la práctica, esto implica trasladar la carga de la prueba a la administración tributaria y limitar las facultades de fiscalización, un punto que genera preocupación entre especialistas y organismos de control.
El oficialismo lo presenta como una “garantía para los ahorristas”, aunque críticos advierten que podría facilitar la evasión o debilitar el marco regulatorio del sistema impositivo.
Hermetismo y falta de textos
Pese a las expectativas, aún no se conoce la letra fina de las reformas.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reconoció que “esperan la redacción para ver de qué se trata”, mientras que desde el entorno libertario insisten en que “no hay ningún paper circulando”.
Buena parte del contenido se definirá en el Consejo de Mayo, el espacio multisectorial que discute los puntos del acuerdo firmado en Córdoba y que ahora continuará sin Guillermo Francos, tras su salida del gabinete.
Una jugada para ganar tiempo
El desdoblamiento de las sesiones refleja la necesidad del Gobierno de ordenar su frente interno y evitar nuevos traspiés legislativos.
En la práctica, se trata de una postergación estratégica que busca asegurar la aprobación de la ley de leyes antes de encarar un debate mucho más espinoso, el de las reformas estructurales.
Mientras tanto, Milei apuesta a consolidar su alianza con los gobernadores afines y mostrar señales de estabilidad fiscal, aunque puertas adentro persisten las tensiones entre las distintas alas del oficialismo.