El fiscal Pertierra explicó el avance de la investigación por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua

“Desde el primer momento dispusimos todas las medidas de prueba necesarias: pericias, recolección de rastros, toma de testimonios y relevamiento de la escena del hecho. La prioridad es determinar qué ocurrió y por qué”, explicó el fiscal.

En ese marco, el Ministerio Público requirió informes al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) y al Colegio de Químicos, para conocer qué reglamentaciones y protocolos de seguridad se aplican a la manipulación de los materiales y sustancias utilizadas en ferias de ciencias.

“Estamos requiriendo la información normativa y la reglamentación que resulta aplicable a este tipo de eventos. Por eso nos comunicamos con la Dirección General de Escuelas y con el Colegio de Químicos de la provincia, que deben brindarnos toda la normativa, decretos y leyes vinculadas con actividades de estas características”, precisó Pertierra.

El fiscal señaló que una vez reunida toda esa información, junto con los resultados de las pericias científicas y los informes médicos de las víctimas, se evaluará la eventual responsabilidad penal de las personas que intervinieron en la organización del evento.

“Cuando tengamos la prueba reunida y la información normativa completa, analizaremos en profundidad y con tranquilidad la cadena de responsabilidades. No queremos apresurarnos: se trata de un hecho muy grave y debemos actuar con prudencia”, indicó.

Sin imputaciones y con prudencia

Consultado sobre la existencia de imputaciones o medidas restrictivas en esta etapa, Pertierra fue claro: “No hemos tomado ninguna decisión de ese tipo todavía. La prudencia con la que venimos incorporando las pruebas necesarias para determinar responsabilidades es lo que explica que aún no haya personas imputadas ni procesadas”, sostuvo.

“Internamente uno puede ensayar hipótesis, pero formalizar una acusación requiere una resolución fundada y toda la prueba reunida”, añadió. El fiscal explicó que la intervención judicial se inició de oficio, debido a la magnitud del hecho y la repercusión pública que generó. “El episodio trascendió de manera importante y conmocionó a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Por eso entendimos que correspondía brindar información oficial”, afirmó.

Pericias y trabajo en el lugar

Pertierra confirmó que el establecimiento fue preservado durante los primeros días posteriores a la explosión para permitir el trabajo de los especialistas en explosivos y de la Policía Científica, aunque la clausura fue levantada una vez finalizadas las pericias, a fin de permitir la reanudación de las actividades escolares.

“Nos presentamos con personal de la fiscalía, realizamos un relevamiento completo de la escena y entrevistamos a los directivos. Una vez finalizada la tarea de los peritos, se levantó la clausura para que el alumnado pudiera retomar las clases”, indicó.

Contención a las víctimas

El titular de la UFI 1 destacó el trabajo del Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público, que interviene en el acompañamiento psicológico y social de los alumnos y familias afectadas.

“Desde el primer momento dimos intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, que cuenta con psicólogos y asistentes sociales. Nos comunicamos con todas las víctimas, incluso con las menores, para que pudieran brindar su versión de los hechos y recibir contención”, señaló.

La niña de 10 años herida de gravedad continúa internada en el Hospital Garrahan, donde recibe atención especializada. Su estado sigue siendo motivo de seguimiento por parte del equipo judicial y sanitario.

Espera por los informes técnicos

Pertierra subrayó que la causa penal está en etapa de recolección de pruebas y que el rumbo de la instrucción dependerá de los informes que lleguen desde los organismos competentes.

“El resultado de las pericias y la información que nos deben brindar las entidades es lo que determinará el sentido que tomará la causa”, afirmó.

En cuanto a las declaraciones públicas de algunas instituciones profesionales, el fiscal prefirió no emitir juicios de valor.

“La mesura y la prudencia son las que guían nuestro trabajo. No corresponde hacer valoraciones sobre lo que otros expresen públicamente; sería imprudente hacerlo a tan pocos días del hecho”, dijo.

Pertierra destacó también la colaboración de la comunidad educativa del Instituto Comercial Rancagua durante las primeras diligencias.

“Hubo buena predisposición de todos: docentes, directivos, padres y alumnos. Todos lamentaron profundamente lo ocurrido y colaboraron desde el primer momento”, concluyó.