En los últimos meses, el sector agropecuario bonaerense entra en una nueva zona de alerta. No se trata de una sequía, ni de una plaga o de un repunte de costos. Esta vez, lo que pone al campo en tensión es un nuevo golpe tributario: el llamado “complemento” o cuota adicional del Impuesto Inmobiliario Rural que Kicillof decidió aplicar en la provincia de Buenos Aires.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria en el campo.
Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el incremento adicional es del 25 % sobre el total del impuesto, un recargo que, señalan, “asfixia al sector productivo”.
Desde ARBA, en cambio, defienden que no es una medida discrecional, sino que está “prevista en la ley impositiva” bonaerense, y que se aplica “de manera focalizada” solo para aquellas partidas rurales de mayor valuación.
Según datos oficiales, este “adicional” alcanza aproximadamente al 12 % de las partidas rurales. La provincia argumenta que la medida refuerza la progresividad del sistema tributario: pagar más aquellos inmuebles de mayor valor.
La discusión por la Ley Fiscal Impositiva 2026 en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario.
Para muchos productores, esta carga extra no viene en un momento cualquiera: llega en un contexto complicado, con inundaciones, dificultades para recomponer rentabilidad y escasa previsibilidad tributaria.
En ese marco, Carbap denunció que se adopta sin nuevo presupuesto ni ley impositiva 2025, lo que genera una sensación de “impuesto encubierto” o una “cuarta cuota duplicada”.
En efecto, ya en 2024 habían surgido denuncias por discrepancias enormes en las boletas: productores argumentaban que habían llegado incrementos “incluso superiores al 500 %”. Desde el gobierno contestan que están “dentro de la ley” y que esos porcentajes corresponderían a escalas previstas.
Además, existe un fuerte rechazo político: la Mesa de Enlace bonaerense le envió una nota al gobernador Kicillof pidiendo la postergación del pago e incluso la eliminación del impuesto inmobiliario complementario.
Las autoridades, por su parte, defienden el paso como parte de una política tributaria progresiva: “dar mayor progresividad al sistema” para que los inmuebles con más capacidad contributiva aporten más, explican fuentes de ARBA. Además, sostienen que el impuesto inmobiliario rural —sin este recargo extra— representa “alrededor del 1 % del ingreso bruto agrícola”, según sus propios estudios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense también señalaron que las facturas en disputa “tienen los porcentajes que corresponden” según la ley fiscal aprobada.
Pero más allá de los números, la controversia no es solo técnica: pone en evidencia una tensión muy real entre la necesidad fiscal del Estado provincial y la capacidad del campo para absorber más presión. Los productores advierten que no es “el momento” para subir la carga: muchos aún no se recuperan de pérdidas por inundaciones, y para otros la rentabilidad está erosionada.
Además, hay un debate más amplio sobre la legalidad y equidad de este impuesto. En la Mesa de Enlace piden explícitamente “eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario” o, en su defecto, que ese complemento “no supere el aumento del 220 % propuesto para las valuaciones más altas”.
Para algunos legisladores también es un tema urgente: la senadora Daniela Reich propuso imponer un “tope” al inmobiliario rural para evitar que las valuaciones fiscales disparadas se traduzcan directamente en cargas tributarias insoportables.
La política impositiva bonaerense no es neutra: cada medida tiene consecuencias profundas para quienes producen. Aplicar un “complemento” del 25 % sobre un impuesto ya elevado puede sonar razonable en una lógica recaudatoria, pero para muchos productores es un “salvavidas de plomo”: se suma justo cuando la sostenibilidad económica está en riesgo.
Si el Estado busca progresividad, está bien que aquellos con más recursos aporten más. Pero debe hacerlo con responsabilidad y previsibilidad. Porque si la carga fiscal se vuelve excesiva o imprevisible, ¿qué mensaje envía a quienes invierten, producen y sostienen la economía bonaerense con sus tierras?
En Pergamino, como en muchas otras zonas rurales de la provincia, esa pregunta no es retórica: es una preocupación legítima que podría afectar decisiones de inversión, arrendamientos y hasta la continuidad productiva.