Mientras hay proyectos presentados para modificar la VTV, en Pergamino hay expectativas por lo que suceda en este nuevo período.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una profunda reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y Verificación Técnica Vehicular (VTV) abrió un nuevo frente de discusión con la provincia de Buenos Aires, que genera expectativas en Pergamino.
Mientras la administración del presidente Javier Milei apuesta por tener una mayor desregulación del servicio y la apertura del mercado a talleres privados que cumplan con los requisitos técnicos exigidos, el Gobierno bonaerense ratificó que mantendrá el esquema actual de controles al considerar que se trata de una herramienta clave para la seguridad vial.
Esta controversia adquirió relevancia en todo el territorio provincial y también genera expectativas en Pergamino, donde funciona una de las plantas verificadoras habilitadas por la Provincia. Ubicada en el predio del Parque Industrial, la sede de VTV recibe diariamente a cientos de conductores de Pergamino y de localidades de la región que deben cumplir con el trámite obligatorio para circular.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, el titular de la cartera, Martín Marinucci, cuestionó los alcances de la medida impulsada por la Nación y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar los controles sin mecanismos adecuados de fiscalización.
“Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo el funcionario.
Marinucci recordó que la VTV en la provincia de Buenos Aires se encuentra respaldada por una ley provincial vigente y destacó que su objetivo principal es prevenir accidentes mediante la detección temprana de desperfectos mecánicos.
“La VTV resulta una herramienta de prevención que permite detectar las fallas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja los controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de los millones de argentinos”, afirmó.
La reforma fue oficializada a través de la Resolución Nº 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, permitiendo que talleres mecánicos, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica suficiente puedan realizar las inspecciones obligatorias.
Hasta el momento, la actividad se encontraba concentrada en plantas específicamente habilitadas para esa función. Con la nueva normativa, el Gobierno nacional busca ampliar la oferta de centros de revisión, generar mayor competencia y facilitar el acceso al servicio para los conductores.
Según los argumentaron desde la administración nacional, la apertura del mercado permitirá reducir los tiempos de espera, mejorar la cobertura territorial y eliminar restricciones que, a su criterio, limitaban la prestación del servicio.
Sin embargo, la implementación práctica de estas modificaciones dependerá de la adhesión de cada provincia. En el caso de Buenos Aires, las autoridades ya adelantaron que mantendrán vigente el sistema actual, por lo que los conductores bonaerenses deberán seguir realizando la verificación en las plantas habilitadas por el gobierno provincial, entre ellas la ubicada en el Parque Industrial de Pergamino.
La discusión sobre el futuro de la VTV también desembarcó en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses se presentaron distintos proyectos legislativos orientados a modificar el sistema de verificaciones técnicas, reducir costos para los usuarios y actualizar los plazos de control de acuerdo con la antigüedad de los vehículos.
Entre las iniciativas sobresale la propuesta impulsada por la diputada provincial pergaminense Paula Bustos, quien planteó la necesidad de revisar el esquema actual para simplificar los trámites y aliviar la carga económica que representa para miles de familias argentinas.
El proyecto de la legisladora busca modernizar el régimen vigente, adecuándolo a los avances tecnológicos de la industria automotriz y a las nuevas condiciones de circulación. La iniciativa se suma a otros expedientes presentados por legisladores de diferentes bloques que coinciden en la necesidad de debatir una actualización integral del sistema.
Desde distintos sectores políticos se sostiene que los vehículos actuales poseen mayores estándares de calidad y seguridad que décadas atrás, por lo que algunos consideran necesario extender los plazos entre verificaciones para determinadas unidades particulares. Otros, en cambio, advierten que cualquier flexibilización debe estar acompañada por estrictos controles técnicos para evitar consecuencias negativas en materia de seguridad vial.
Otro de los puntos de conflicto señalados por el Gobierno bonaerense está vinculado al estado de las rutas nacionales. Marinucci cuestionó que la desregulación de la VTV se impulse en un contexto de deterioro de gran parte de la infraestructura vial del país.
“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos”, sostuvo.
El funcionario remarcó que el desgaste de neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y otros componentes esenciales se acelera cuando los vehículos circulan por caminos en mal estado, por lo que consideró contradictorio ampliar los plazos de control técnico en ese escenario.
Mientras tanto, en Pergamino y la región la planta de VTV continúa funcionando con normalidad bajo las disposiciones vigentes de la provincia de Buenos Aires. Allí se realizan diariamente las inspecciones destinadas a verificar el correcto estado de frenos, suspensión, luces, neumáticos, emisiones contaminantes y los elementos de seguridad exigidos para la circulación.
La discusión entre Nación y Provincia recién comienza y promete extenderse tanto en el ámbito judicial como legislativo. Lo que está en juego no es solamente el modelo de prestación del servicio, sino también el equilibrio entre la simplificación administrativa que impulsa el Gobierno nacional y los controles preventivos que las provincias consideran indispensables para garantizar la seguridad vial.