Pergamino fue sede de un debate clave sobre política criminal y seguridad
Juristas debatieron en Pergamino la necesidad de una política criminal planificada, democrática y basada en datos para mejorar la seguridad y el sistema penal.
19 de diciembre de 2025 - 19:11
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El fiscal general y presidente del Colegio de Magistrados, Daniel Gómez, junto a los disertantes: Dr. Lisandro Pellegrini (Subsecretario de Política Criminal bonaerense) y el Dr. Manuel Bouchoux (Juez del Tribunal de Casación Penal).
LA OPINION
El Colegio de Abogados de Pergamino fue escenario, el miércoles 17 de diciembre, de un debate de alto nivel sobre los desafíos actuales del sistema de justicia penal y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. La actividad se desarrolló en el marco del cierre del ciclo académico 2025 y convocó a magistrados, funcionarios judiciales, abogados y estudiantes, interesados en reflexionar sobre la necesidad de construir una política criminal más eficiente, planificada y democrática.
Bajo el título “Hacia una política criminal eficiente y democrática”, el encuentro contó con las exposiciones del doctor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, y del doctor Manuel Bouchoux, juez del Tribunal de Casación Penal. La jornada fue organizada de manera conjunta por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Pergamino y el Colegio de Abogados local.
Durante las disertaciones, los expositores coincidieron en la necesidad de superar una concepción restringida de la política criminal, centrada exclusivamente en la reacción punitiva y en la sanción de conductas bajo la presión coyuntural de la agenda mediática. En ese sentido, advirtieron que la ausencia de planificación estratégica suele derivar en intervenciones estatales fragmentadas, ineficaces y atravesadas por prejuicios, lo que debilita la respuesta del sistema de justicia frente a fenómenos complejos.
Como alternativa, se planteó la importancia de entender la política criminal como una verdadera política pública, con objetivos claros, criterios de priorización y mecanismos de evaluación. En ese marco, se destacó el rol que debería asumir el Ministerio Público Fiscal como órgano rector, capaz de traducir las demandas sociales en programas de persecución penal diseñados con base empírica, rigor técnico y evaluación permanente de resultados.
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Los disertantes subrayaron, además, la necesidad de optimizar la asignación de los recursos estatales, definir campos de intervención a partir del análisis de mercados ilegalizados —y no únicamente de figuras penales aisladas— y evitar la inercia burocrática que muchas veces reproduce prácticas ineficientes sin medir su impacto real.
Uno de los ejes centrales del debate fue el análisis crítico del proceso de desfederalización del narcomenudeo, a veinte años de su implementación en la provincia de Buenos Aires. En ese punto, se puso en discusión si el esquema actual logró los objetivos propuestos o si, por el contrario, contribuyó a una sobrecarga del sistema penal sin afectar de manera significativa las estructuras criminales de mayor escala.
También se abordó con preocupación el sostenido crecimiento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que registró un incremento del 265 por ciento desde 2002 y alcanzó, en 2025, las 61.352 personas privadas de la libertad. Este dato fue presentado como un indicador de la necesidad de revisar las políticas de encarcelamiento y su eficacia real en términos de prevención del delito y reinserción social.
El encuentro concluyó con un fuerte llamado a democratizar las decisiones judiciales, promover una justicia penal más transparente y basada en evidencia empírica, y desterrar prejuicios institucionales que condicionan la construcción de políticas de seguridad. La jornada dejó como saldo un espacio de reflexión crítica y plural, que posicionó a Pergamino como ámbito de discusión relevante en materia de política criminal a nivel provincial.
