El rechazo del Senado a los pliegos de Lijo y García Mansilla expuso una falla estratégica de Milei.
Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla
Senado de la NaciónLa votación en el Senado que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema no fue simplemente un revés legislativo para el gobierno de Javier Milei. Subestimar la política, confundir la legitimidad de origen con el poder real, y querer disciplinar al Congreso desde la soledad del decreto.
Fue, sobre todo, la confirmación de un error de cálculo político profundo: el intento de forzar decisiones institucionales de altísimo impacto sin tener una base mínima de sustentación parlamentaria.
El gobierno se ilusionó con que podía avanzar con una Corte “a la medida” sin negociar, sin dialogar, sin siquiera respetar los tiempos y formas de la política. Creyó que el “decretazo” y el shock permanente podían reemplazar la construcción de consensos. Subestimó el Senado, ignoró las advertencias de aliados como la UCR, y despreció la dinámica propia del Congreso como poder del Estado. El resultado fue un inédito rechazo a dos pliegos presidenciales en la misma sesión, con una amplísima mayoría.
En el caso de García Mansilla, hay un detalle que eleva aún más el tono del conflicto: fue nombrado por decreto, juró como juez de la Corte, y ahora su pliego fue rechazado. La Corte —con la voz pública de Ricardo Lorenzetti— le marcó al Presidente un límite. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo el magistrado, y recordó que lo mismo opinó la Corte cuando lo hizo Mauricio Macri. El mensaje es claro: no se puede transformar una cuestión de legalidad formal en una legitimidad de hecho sin pagar un costo institucional. García-Mansilla quedó en el limbo, y el máximo tribunal, que supuestamente iba a ampliarse con jueces afines al Ejecutivo, sigue con cuatro integrantes y un creciente descrédito por el modo en que se intenta influir sobre él.
El oficialismo respondió con su libreto habitual: denunció a “la casta”, habló de pactos oscuros y apuntó contra todos los bloques que votaron en contra. Pero el problema no es el Senado: es su estrategia. El Gobierno no puede decir que fue sorprendido. La UCR le advirtió, el PRO le mostró señales de alerta, y hasta hubo gestos de voluntad de diálogo que fueron sistemáticamente desoídos por Santiago Caputo, el operador político del Presidente. Apostaron a que podían bloquear el quórum o quebrar a la oposición, y terminaron amalgamando voluntades en su contra.
En el fondo, el error de Milei fue creer que su legitimidad electoral le da derecho a imponer sin construir. Confundió adhesión social con obediencia institucional. Y en un sistema republicano, eso no funciona. El revés no es solo parlamentario: es una advertencia de que no se puede gobernar a fuerza de decretos y provocaciones. Menos aún, cuando lo que está en juego es la composición del máximo tribunal del país.
Lo que ocurrió en la sesión fue, además, revelador del clima que el Gobierno supo generar en su relación con el Congreso. Con 71 senadores presentes —una asistencia casi perfecta— el rechazo fue categórico: 43 votos negativos para Lijo, 51 para García-Mansilla. En el primer caso, la maniobra del oficialismo para dividir a la oposición no funcionó. La bancada kirchnerista votó en bloque contra el juez federal, y el radicalismo, pese a haber acompañado en comisiones, cambió su posición en el recinto, harto del destrato y la falta de interlocución real. Incluso el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, firmante del dictamen favorable, argumentó en contra del pliego. El PRO, partido de origen del expresidente Macri, también se encolumnó detrás del rechazo, en una muestra de que ni siquiera los sectores más afines están dispuestos a avalar una jugada de esta naturaleza.
La reacción del oficialismo fue inmediata y previsible: acusaciones, victimización y un nuevo intento de polarización discursiva. Pero detrás del enojo, quedó expuesta una verdad más dura: la política no es una red social ni una encuesta online. El Senado, con todos sus defectos, todavía funciona como contrapeso institucional. Y lo que ayer ocurrió en el recinto fue un mensaje claro a un presidente que, al querer imponer sin construir, terminó más solo que nunca.