En cinco años, la ciudad pasó de contar con 60 a más de 300 dispositivos distribuidos en el casco urbano. Sin embargo, su eficiencia es cuestionada, puesto que el entendimiento colectivo es que detrás de cada pantalla, a cada hora del día, debiera haber personal monitoreando, algo que es fácticamente imposible. Entonces, ¿para qué están?
Como principio general puede decirse que durante mucho tiempo en Pergamino al igual que en gran parte de nuestro país la política de seguridad ha ido siempre detrás de delito, con muchos inconvenientes para anticiparse y prevenir. La reacción tardía fue cambiando en los últimos años mediante la implementación de medidas que requieren la articulación de los distintos niveles de gobierno y la puesta en marcha sobre el territorio de acciones que pueden arrojar resultados positivos, como por ejemplo mayor cantidad de efectivos en las calles, algo que se cumple de manera espasmódica más que metódica, y la instalación de cámaras de seguridad.
El modelo “Tigre”
El caso más resonante de prevención del delito mediante cámaras de seguridad fue el del Municipio de Tigre en tiempos de Sergio Massa intendente. Su modelo de trabajo fue exhibido por todos los medios de comunicación y quedó en el imaginario colectivo como un caso posible y exitoso. Pero no es tan así, ni siquiera en Tigre, tampoco en ciudades incluso de mayor porte y recursos en el mundo. En el caso de Pergamino, sin ir más lejos, para cumplir con un monitoreo activo y continuo de cada cámara instalada, se necesitarían 900 empleados, a razón de 300 cámaras en turnos rotativos de ocho horas.
En Pergamino
Casos recientes como el ataque a Ramón Ferreyra o el asalto a La Madrileña, ambos tomados por las cámaras municipales, llevaron de inmediato al planteo de si hay alguien viendo las cámaras, puesto que no se advierte que haya habido una respuesta durante la flagrancia del hecho.
Actualmente Pergamino cuenta con más de 300 distribuidas en un 50 por ciento en jurisdicción de la Comisaría Primera y 20 por ciento pertenecen a la Comisaría Segunda y un 30 a la zona de la Tercera.
Esta distribución se debe a que históricamente la mayor cantidad de delitos se cometieron en zona de la Primera, luego Tercera y los restantes en la Segunda. Además cada uno de los pueblos del Partido cuenta con su sistema de Cctv (Circuito Cerrado de Televisión) que graba en los lugares estratégicos en la localidad.
Un dato a saber: todas las cámaras graban el acontecer, pero no todas son monitoreadas en vivo y directo. ¿El motivo? La explicación obtenida de las autoridades se relaciona con el recurso humano. De hecho, sostienen que ninguna ciudad del mundo monitorea las 24 horas todas las cámaras que tiene instaladas porque no es posible.
La central de monitoreo, ubicada en calle Tucumán, cuenta con 27 agentes (actualmente no todos en funciones por afectación de la pandemia), que trabajan divididos en tres turnos rotativos. Por ley, además, un efectivo policial debe estar presente en el turno como requisito para acceder a la radio policial.
Es decir que por turno, para 300 cámaras, hay aproximadamente 10 personas.
Una herramienta más
La disposición de las cámaras de vigilancia es analizada para controlar en primer lugar los espacios públicos más transitados de la ciudad como corredores seguros escolares, mercadería en tránsito, espacio público, locales comerciales y vías de escape de los delincuentes.
El monitoreo –dicen- es solo una pieza de la política de seguridad que, como coinciden las fuentes consultadas por este medio, se debe amalgamar con otras iniciativas.
En este sentido, otro uso que se les da a las cámaras es a partir de lo que surge de la radio policial que está activa en la central. Cuando se reporta un incidente por esa vía, se recurre de inmediato a la cámara del sector en cuestión.
Sistema eficiente
En un primer momento, cuando los malvivientes comenzaron a quedar inmortalizados en plena “acción” por las cámaras de seguridad, un vacío legal impedía utilizar las filmaciones como prueba. Pero el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró establecer modificaciones al Código Procesal Penal para que las imágenes tengan validez judicial en el esclarecimiento de los delitos. Esta es una función gravitante, que ha modificado para mejor todos los procesos judiciales, pero claro que a posteriori de los hechos, no como estrategia de prevención, aunque tal vez sí de disuasión. Solo que eso no puede contabilizarse, puesto que no es posible saber qué cantidad de hechos se evitaron por la presencia de cámaras.
Pero hay un número que, aunque no coincida con la percepción ciudadana, aporta un dato positivo. En una atribución directa al sistema de cámaras, con las que en Pergamino trabajan en forma sincronizada el Municipio, la Policía y la Justicia, se lograron disminuir los delitos durante 2017, 2018 y 2019. La estadística surge de la cantidad de causas iniciadas, llamadas IPP (Instrucciones Penales Preparatorias). Esta cifra viene disminuyendo y las autoridades lo vinculan con los hechos que fueron disuadidos por la fuerza de seguridad que advirtió por las cámaras cuando estaban por cometerse.
Las imágenes captadas por las cámaras son guardadas por el Municipio por un periodo determinado de tiempo, en una sala de servidores especialmente acondicionada y sirven, de ser solicitadas por la Justicia, como medio de prueba.
No se pudo evitar
El ataque que recibió el malabarista Ramón Ferreyra durante la madrugada del pasado martes fue captado por los operadores del Centro de Monitoreo, segundos antes que los atacantes comenzaran a golpear a la víctima de 41 años y dieron rápidamente aviso al 911.
“El personal policial que estaba en el Centro de Monitoreo Municipal llamó al Centro de Despacho pasando la novedad, y a partir de esa actuación concurrió la Policía. Por eso se puede observar en la filmación que antes de empezar a golpearlo se hacen varios zoom con el domo, eso es porque advirtieron algo raro en esas personas, y comenzaron a operar las cámaras correspondientes y cuando advirtieron que se estaba concretando una agresión llamaron el 911 y pasaron la novedad por radio policial”, indicó una importante fuente consultada por este medio.
Lamentablemente, a pesar de la inmediatez en la detención del foco del conflicto en la zona del Viaducto (avenida Vélez Sarsfield y España), la velocidad de los adolescentes durante su repudiable accionar fue determinante para evitar lo sucedido cerca de las 3:00 del martes que dejó a una persona herida de gravedad que lucha por su vida y dos menores que por decisión del juez Guillermo Gerlero (luego del pedido oficial del fiscal Horacio Oldani que investiga el hecho de sangre) desde el pasado viernes se encuentran aojados en un Centro de Contención de Menores en la ciudad de La Plata.