El juez Carlos federal Villafuerte Ruzo suspendió el juicio a Román Gutiérrez. Lo confirmo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Roman Gutierrez, productor ejemplar de la ciudad de Pergamino. La justicia suspendió un polémico juicio de fuerte contenido político.
LAOPINIONLa Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución del Juzgado Federal de San Nicolás que dispuso la suspensión del juicio a prueba para el productor agropecuario Román Gutiérrez, acusado del delito de incitación a la violencia pública, y estableció un conjunto de medidas reparatorias que buscan restablecer el sentido de responsabilidad sin desproporción punitiva.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, había resuelto otorgar la suspensión del juicio a prueba al productor agropecuario Román Gutiérrez, imputado por haber difundido un video ajeno en 2022 en el que incitaba a la violencia contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La medida puso fin a un proceso que, durante más de dos años, se mantuvo bajo fuerte exposición pública y con un tratamiento mediático exagerado y que excedió el ámbito judicial. La resolución, de tono equilibrado, plantea un cierre reparador: impone obligaciones concretas al acusado, pero reconoce la posibilidad de enmendar sin recurrir al castigo ejemplar como herramienta de disciplinamiento.
El caso se originó en agosto de 2022, cuando Gutiérrez —referente agropecuario de Pergamino y candidato a concejal por Juntos por el Cambio— publicó en redes sociales un video que no era propio contra la entonces vicepresidenta.
A partir de una denuncia el fiscal federal Matías Di Lello impulsó la acción penal de fuerte contenido político bajo la figura de incitación a la violencia pública.
En su momento, el juez Villafuerte Ruzo dictó el procesamiento sin prisión preventiva y con un embargo de 100 mil pesos, señalando que los dichos tuvieron “alto grado de publicidad” dada la condición pública del imputado y su pertenencia a instituciones del sector agropecuario.
La causa fue ampliamente difundida, muchas veces sin matices, y transformó un proceso judicial en un fenómeno de repercusión política, exponiendo a Gutierrez a una condena social que antecedió a la propia decisión del tribunal.
La resolución del juez Villafuerte Ruzo (confirmado por la Cámara Federal de apelaciones de Rosario) representó un punto de inflexión. En lugar de avanzar con un juicio oral, el magistrado concedió a Gutiérrez la suspensión del proceso penal por un plazo de dos años, bajo la condición de cumplir con reglas de conducta que integran un esquema de reparación social y educativa.
Entre las disposiciones figuran:
Publicar una disculpa pública en La Opinión de Pergamino, que fue emitida en edición de papel de día Domingo.
Realizar tareas comunitarias en una Escuela de Pergamino, bajo supervisión judicial.
Completar un curso virtual sobre Derechos Humanos y respeto a las instituciones democráticas.
A pesar de no haberse confirmado en su momento, igualmente el productor publico su disculpa en LAOPINION.
El fallo marca un límite importante: reconoce la gravedad de un discurso violento, pero a la vez preserva la proporcionalidad de la respuesta judicial. Es, en esencia, una sentencia que prioriza la educación cívica sobre la ejemplaridad punitiva, un equilibrio poco frecuente en tiempos de polarización política.
El caso Gutiérrez deja al descubierto también cómo el sistema judicial puede ser utilizado para amplificar disputas ideológicas, transformando los tribunales en escenarios de confrontación. En este sentido, la resolución de Villafuerte Ruzo recupera el sentido original del derecho penal: reparar el daño y promover la reflexión, no escarmentar ni estigmatizar.
Con esta resolución, el expediente Gutiérrez encuentra un desenlace institucional que evita tanto la impunidad como el exceso. El proceso seguirá bajo supervisión del juzgado, pero su esencia —la reflexión sobre el alcance de la libertad de expresión y sus límites— ya ha quedado trazada.
El fallo de Villafuerte Ruzo no solo resolvió el caso: también envía una señal sobre cómo debe actuar el sistema judicial cuando las pasiones políticas que intentan desplazar el sentido de la Justicia. Ahora solo falta esperar el sobreseimiento que debería ser indefectible en la medida del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas.
Cuando la política se mete con el poder judicial o cuando el poder judicial hace política, la división de poderes es una entelequia.