Con 63 votos a favor, el Congreso impuso su voluntad por sobre el Poder Ejecutivo y dejó en evidencia el aislamiento político del oficialismo.
Discapacidad: el Senado rechazó el veto y Milei deberá promulgar la ley
LAOPINIONUn veto revertido, una señal institucional: En una de las sesiones más significativas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Senado de la Nación decidió rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, marcando así la primera vez que el Congreso impone una norma por insistencia frente al Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre.
Con 63 votos afirmativos, solo 7 negativos y ninguna abstención, la Cámara Alta no solo garantizó la vigencia de una ley que había sido previamente aprobada por amplia mayoría en Diputados, sino que también envió una señal política inequívoca: el oficialismo carece de capacidad de bloqueo legislativo, incluso sobre temas que considera sensibles para su equilibrio fiscal.
La norma, sancionada en julio y vetada íntegramente por Milei, prevé la actualización de aranceles para prestadores de servicios, la creación de una pensión no contributiva por discapacidad del 70% del haber mínimo jubilatorio, la transformación automática de las pensiones por invalidez laboral en ese régimen, y la regularización de las deudas del Estado con los prestadores del sistema.
Lo que sorprendió no fue la mayoría lograda —anticipada por el clima en los bloques opositores— sino la contundencia del resultado y la debilidad del oficialismo, que no logró ni siquiera disciplinar a sus propios legisladores. La jujeña Vilma Bedia, perteneciente a La Libertad Avanza, se negó a votar contra la ley, y su ausencia fue leída como un gesto de resistencia interna.
El único apoyo externo que obtuvo el oficialismo fue el de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), identificada con el sector de Patricia Bullrich, quien acompañó el veto, pero también exigió públicamente una inmediata suba de aranceles a prestadores, desnudando la contradicción interna del propio dispositivo libertario: por un lado, rechazar marcos normativos, por otro, reconocer su necesidad.
El Gobierno justificó el veto en términos de costo fiscal. Sin embargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto económico de la ley sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, un porcentaje que en términos comparativos es marginal dentro del gasto total, pero fundamental para miles de familias que dependen de estas prestaciones para garantizar la atención de personas con discapacidad.
Varios senadores refutaron el argumento económico. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) sostuvo que el gasto es mínimo, pero que para las familias representa la diferencia entre la vida cotidiana y la desesperación. Desde el radicalismo, Eduardo Vischi expresó su disconformidad con la decisión presidencial y apuntó a la falta de prioridades humanas en la gestión pública.
Aunque formalmente no formaba parte del temario, la discusión estuvo atravesada por el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que sugieren la existencia de un esquema de coimas y mencionan como beneficiaria a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Desde la oposición, Guillermo Andrada (UP) vinculó el veto no solo a la crueldad ideológica sino a una posible “matriz de corrupción” que contradice el discurso de eficiencia fiscal. Cristina López (UP) apeló a un recurso performativo: entonó al ritmo de “Guantanamera” una letra que —según dijo— se canta en la calle: “Alta coimera, Karina es alta coimera”.
La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), del ala larretista, fue aún más explícita:
“Cuando me pregunten de dónde va a salir la plata para financiar esta ley, voy a decir que del sobreprecio y la coima. Así que no insistan”.
En paralelo al rechazo del veto, el Senado también debatió —y todo indica que aprobará— una reforma sustantiva a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La ley 26.122, vigente desde 2006, permite que un decreto quede convalidado si una de las cámaras lo aprueba o si ninguna lo rechaza (sanción ficta).
El nuevo texto cambia por completo esa lógica:
Un DNU solo se mantendrá vigente si ambas cámaras lo ratifican explícitamente.
El Congreso tendrá un plazo de 90 días para pronunciarse.
Si no lo hace, el decreto cae.
Esta modificación, impulsada por UP, una parte de la UCR, Pro y bloques provinciales, busca reinstalar el control legislativo sobre el Ejecutivo, frente a un presidente que ha utilizado los DNU como vía principal de gobierno.
El pedido de interpelación a Karina Milei no fue incluido en esta sesión, pero será retomado en la próxima, tal como lo confirmó José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria. La postergación busca ganar tiempo para reunir los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas.
Mayans también anticipó la posibilidad de impulsar el juicio político contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por haber solicitado allanamientos a periodistas que difundieron los audios atribuidos a Karina Milei.
“Sin importar el color político, tenemos que hablar con nuestros representantes para que Diputados acuse a la ministra Bullrich por este disparatado acto y por falsa denuncia, que puso en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, dijo.