El dato surge de un cruce entre Andis y Renaper. El Ejecutivo dará de baja los certificados y evalúa acciones legales contra beneficiarios y prestadores.
Diego Spagnuolo en momentos posteriores a su declaración den Comodoro Py
xEn el marco del reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno aseguró haber detectado que 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) estaban registrados a nombre de personas fallecidas. El dato surge de un cruce de bases entre la Andis y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Según confirmaron fuentes oficiales, la irregularidad fue identificada en las últimas horas como parte de la intervención dispuesta tras el escándalo que derivó en la salida de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. A partir de este hallazgo, el Ejecutivo prevé dar de baja esos certificados y avanzar con eventuales acciones legales.
El CUD es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad y permite acceder a beneficios como prestaciones de salud, transporte gratuito y asignaciones. Tiene validez en todo el país y se otorga tras la evaluación de una junta interdisciplinaria. En la actualidad, muchos certificados se encuentran con plazos de actualización prorrogados.
Desde el Gobierno calificaron la situación como “una estafa al Estado” y señalaron que la investigación no se limitará a los certificados, sino que también alcanzará a los prestadores que habrían cobrado por servicios supuestamente brindados a personas ya fallecidas. Para ello, se realizará un segundo cruce de datos entre beneficiarios y prestadores.
La información forma parte de una auditoría interna impulsada por el actual interventor de la Andis, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado en septiembre pasado por el ministro de Salud, Mario Lugones. La intervención fue ordenada luego de la difusión de audios que involucraban a Spagnuolo en presuntos pedidos de sobornos, hechos que son investigados por la Justicia.
Desde la Casa Rosada admiten que el cruce de datos con el Renaper debió haberse realizado con anterioridad y responsabilizan a la gestión anterior por no haberlo hecho. No obstante, insisten en que el reordenamiento actual busca transparentar el sistema y corregir distorsiones acumuladas.
En paralelo, Lugones dispuso una auditoría integral en la Andis con participación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), enfocada especialmente en las Pensiones No Contributivas y la compra de medicamentos. Ese proceso, iniciado en septiembre, podría extenderse hasta el primer trimestre de 2026.
El área de Discapacidad atraviesa un escenario de fuerte tensión política. Al escándalo por presunta corrupción se suman las críticas al Gobierno por recortes presupuestarios. De hecho, aunque el oficialismo logró la aprobación en general del Presupuesto 2026 en Diputados, no consiguió derogar la ley de emergencia en Discapacidad, un punto central del conflicto con la oposición.