domingo 08 de febrero de 2026

Economía asegura que la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal ya está en Presidencia

El Gobierno busca impulsar el mercado de capitales local con los “dólares del colchón” y reducir la dependencia externa en la economía.

23 de enero de 2026 - 14:45

El Ministerio de Economía aseguró que la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal ya fue enviada a la Presidencia y que su publicación podría concretarse en los próximos días, pese a las dudas que se reactivaron en el sistema financiero tras la renuncia de Paul Starc a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La salida del ahora ex titular de la UIF había generado inquietud en algunos bancos, que temían una demora o incluso un freno en la implementación de la norma. Sin embargo, fuentes oficiales descartaron ese escenario y afirmaron que el proceso administrativo continúa su curso sin alteraciones.

El objetivo: fortalecer el mercado doméstico

La expectativa del Gobierno en torno a la ley está puesta en la posibilidad de canalizar hacia el sistema financiero formal parte de los dólares que hoy permanecen fuera del circuito, con el objetivo de robustecer el mercado de capitales local y reducir la necesidad de recurrir al financiamiento externo.

En ese marco, el presidente Javier Milei destacó que la Inocencia Fiscal es una herramienta clave para cambiar la estructura de financiamiento del país. “A partir de esta ley esperamos potenciar y hacer crecer el mercado de capitales doméstico. Consecuentemente, la necesidad de recurrir a fondos en los mercados externos va a ser cada vez menor”, sostuvo en una entrevista con Bloomberg News.

El mandatario aclaró que, incluso en un escenario adverso, el acceso al crédito internacional se limitaría al refinanciamiento de vencimientos. “En el peor de los casos, lo único que estaríamos yendo a buscar es el rollover”, explicó, y remarcó que la situación fiscal actual permite encarar ese proceso sin sobresaltos.

Dudas del sistema financiero y el rol de la UIF

La reglamentación de la ley fue uno de los ejes centrales de una reciente reunión entre representantes de los bancos y el Banco Central (BCRA). Desde la autoridad monetaria reiteraron que la potestad normativa corresponde a la UIF y no al Central.

Starc, según trascendió, mantenía reparos sobre la iniciativa al considerar que podía entrar en tensión con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese contexto, algunas entidades interpretaron que su renuncia podía retrasar definiciones clave.

“No digo que sea fácil, pero dentro del marco de la ley y con controles compatibles con el GAFI había una oportunidad para oxigenar la economía con recursos de la informalidad”, señaló una fuente bancaria. Además, advirtió que ya hay más de 20.000 inscriptos en el nuevo régimen del impuesto a las Ganancias y calificó como “una mala noticia” cualquier postergación adicional.

Desde otro banco, en tanto, recordaron que sigue vigente la obligación de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante depósitos de dólares no declarados, y deslizaron que, superado el vencimiento de deuda más exigente de enero, el Gobierno podría haber perdido urgencia política para acelerar la implementación.

Antecedentes y expectativas

La incertidumbre en torno a la ley de Inocencia Fiscal no es nueva. A comienzos de enero, las cámaras bancarias ya habían planteado interpretaciones divergentes sobre su aplicación y solicitaron la conformación de una mesa de trabajo con la UIF, el BCRA y otros organismos para unificar criterios.

También generó ruido, a fines de diciembre, una campaña del Banco Nación promoviendo el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero, pese a que la reglamentación aún no estaba vigente. El mensaje fue eliminado horas después.

Pese a esos antecedentes, en Economía insisten en que la reglamentación está en su tramo final y niegan que la salida de Starc implique un cambio de rumbo. La apuesta oficial sigue siendo la misma: utilizar el ahorro fuera del sistema como palanca para profundizar el mercado financiero local y reducir la dependencia estructural del crédito externo.

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