El Departamento de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Pergamino, liderado por el Dr. José María Cifuentes, junto con la Fiscalía N.º 3 a cargo del Dr. Nelson Mastorchio, llevaron adelante una investigación que culminó este viernes con un allanamiento con resultado positivo en la Unidad Penal N.º 3 de San Nicolás.
El caso se inició el miércoles, cuando un vecino denunció en la fiscalía que, tras iniciar una conversación con una mujer a través de la red social Facebook, recibió la propuesta de obtener un video íntimo a cambio de dinero. Luego de acceder y transferir la suma solicitada, el denunciante fue contactado por WhatsApp por un hombre que se hizo pasar por policía.
Este último le exigió la suma de 300.000 pesos a cambio de no allanar su domicilio, configurando un claro hecho de extorsión. La víctima, que alcanzó a transferir parte del dinero pedido, decidió realizar la denuncia.
Despliegue de Cibercrimen en la cárcel
A partir de allí, el Departamento de Cibercrimen desplegó una investigación inmediata que permitió establecer que el autor de la llamada extorsiva era un interno alojado en la mencionada unidad penal.
Con estas pruebas, la Fiscalía requirió al Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Fernando Ayestarán, la correspondiente autorización judicial para realizar dicho allanamiento.
En la mañana del viernes, efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Pergamino, a cargo del comisario Ezequiel Mazzollini, ejecutaron el procedimiento dentro del penal hallando el teléfono celular desde el cual se realizaron las llamadas extorsivas en la celda del sospechoso, un hombre oriundo de Pergamino que se encuentra con prisión preventiva por haber cometido un robo calificado en 2024 en nuestra ciudad.
El resultado positivo de este operativo refuerza la eficacia de la articulación entre las áreas especializadas, pero también pone de relieve un problema de fondo: la persistencia del uso indebido de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.
La existencia de estos dispositivos en poder de internos privados de libertad permite, en muchos casos, la continuidad de comisión de delitos desde el interior de las cárceles, generando un serio motivo de alarma y preocupación para la comunidad en su conjunto.