La Corte Suprema dejó firme la sentencia que había dispuesto una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Causa Vialidad: de que se trata
LAOPINIONCon el fallo de la Corte Suprema del pasado martes, quedó confirmada la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Se trata de una resolución que cierra el último camino procesal y que marca un punto de inflexión en uno de los expedientes más emblemáticos vinculados a la corrupción en la Argentina.
La conocida “Causa Vialidad” se centró en las adjudicaciones de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Según el Tribunal Oral Federal N°2 —que dictó la condena en 2022— se comprobó una maniobra sistemática para beneficiar al empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del matrimonio Kirchner.
El tribunal habló de una “estructura funcional y corrupta” dentro del Estado, que permitió una asignación discrecional y direccionada de contratos de obra pública, muchas de las cuales no fueron terminadas o presentaron irregularidades, sobreprecios y cartelización.
La expresidenta fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta. El núcleo de la acusación fue que, desde su rol como jefa de Estado, permitió y facilitó un esquema de desvío de fondos públicos a través de las empresas del grupo Austral, propiedad de Báez.
Uno de los elementos clave fue el Decreto 54/2009, que incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria de un fideicomiso, lo que habría permitido —según la fiscalía— un uso discrecional de recursos públicos.
A su vez, la sentencia vinculó esta maniobra con otras causas, como Hotesur y Los Sauces, donde se investigaron retornos económicos a través de alquileres y contratos con empresas vinculadas a Báez.
También se incorporaron como prueba mensajes de WhatsApp entre el exsecretario de Obras Públicas José López, Báez y otros funcionarios, que mostraban intentos de cerrar empresas y asegurar cobros pendientes tras el cambio de gobierno en 2015.
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, sostuvieron durante todo el proceso que hubo violaciones al debido proceso, que los jueces y fiscales actuaron con parcialidad y que la entonces presidenta no tenía responsabilidad directa sobre la ejecución de las obras, ya que fueron aprobadas por el Congreso mediante el Presupuesto.
Asimismo, señalaron que muchos de los elementos utilizados en la sentencia —como el Decreto 54/2009 o los mensajes de José López— no fueron debidamente discutidos durante el juicio.
También destacaron una auditoría realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, que indicó que “no se había pagado nada que no estuviera construido” y que las obras eran de calidad.
La Corte rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa. Lo hizo sin abrir la discusión de fondo, alegando que la apelación no cumplía con los requisitos de fundamentación autónoma. En palabras del fallo, la defensa “no formuló una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia impugnada”.