El juez Casanello dispuso operativos en el BCRA y domicilios de exfuncionarios por presuntas maniobras con dólares; la causa se vincula a Elías Piccirillo.
BCRA. Banco Central de la Rpública Argentina
LAOPINIONEl juez federal Sebastián Casanello ordenó este lunes una serie de allanamientos en la sede central del Banco Central (BCRA) y en domicilios de exfuncionarios del organismo, en el marco de una investigación por presuntas maniobras irregulares con dólares durante el gobierno de Alberto Fernández. El expediente está vinculado al del financista Elías Piccirillo.
Según confirmaron fuentes oficiales, los operativos fueron realizados por la Policía de la Ciudad y se desarrollaron bajo la carátula de “averiguación de delito”. La orden judicial incluyó la sede del BCRA en la calle Reconquista al 200 y al menos seis domicilios ubicados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El objetivo de los allanamientos es secuestrar teléfonos celulares, computadoras, notebooks y cualquier soporte de almacenamiento digital que pueda contener información relevante para el avance de la causa. Además, se dispuso el secuestro de documentación vinculada a la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los lugares inspeccionados.
La pesquisa apunta a reconstruir supuestas operaciones de compra y venta de dólares en plena vigencia del cepo cambiario, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y el mercado informal generaba ganancias extraordinarias a partir de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo.
La investigación judicial se inscribe en un entramado más amplio que tiene como figura central al empresario Elías Piccirillo, actualmente bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico avalaron recientemente que acceda a la morigeración de la prisión preventiva dictada por Casanello, en una causa donde se lo acusa por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.
Pero, además de ese expediente, Piccirillo aparece bajo la lupa por su actividad como financista y su desempeño en el circuito de casas de cambio, con foco en la firma Arg Exchange, una de sus principales plataformas operativas.
Uno de los ejes del caso tiene origen en un sumario administrativo del Banco Central, iniciado hacia fines de 2024, sobre la operatoria de Arg Exchange. Ese procedimiento —según documentos a los que accedió LA NACION— señala que en 2023, en pleno auge de la brecha cambiaria, la firma habría vendido alrededor de US$250 millones a otras entidades que luego no habrían justificado el origen de los fondos.
El expediente administrativo del BCRA se entrecruza con una investigación judicial incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.
De acuerdo con información del mercado, Arg Exchange mostró una actividad intensa durante 2023: entre enero y diciembre, compró y vendió más de US$250 millones. En cifras exactas, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, la operación total fue de US$251.933.029, lo que representa un promedio diario de 768.000 dólares.
En paralelo, la causa judicial incluye elementos sensibles que, según el expediente, podrían apuntar a funcionarios del Banco Central. Entre ellos, chats y audios donde se alude a presiones para involucrar personas en expedientes o realizar “manifestaciones” frente a domicilios y el propio organismo.
“Escuchá, tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente… tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina… una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados…”, se escucha decir a Hauque en uno de los audios incorporados como prueba.
Las referencias alcanzarían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras del BCRA, y vuelven a poner el foco sobre los controles internos durante la administración de Miguel Ángel Pesce, en un contexto donde el mercado informal se expandía al calor de la brecha cambiaria.
Aunque por ahora el expediente tramita como “averiguación de delito”, el avance de las medidas judiciales —con allanamientos en el Banco Central— refuerza la gravedad del caso y anticipa nuevas definiciones en los próximos días.
En el corazón de la investigación se busca establecer si existió una estructura de operatorias irregulares sostenida en el tiempo, con dólares adquiridos en el circuito oficial o cuasi oficial que luego terminaban alimentando el mercado paralelo, un negocio que en el período 2022-2023 se convirtió en una de las vías más rentables ante la brecha cambiaria.