En el marco de los controles Tolerancia Cero, en Pergamino retienen motos cuando los conductores no cumplen con las leyes vigentes.
En Pergamino, el marco de los operativos de control vehicular que se vienen intensificando a través del programa Tolerancia Cero, un dato comienza a generar preocupación en las autoridades municipales: cerca del 65 por ciento de las motocicletas retenidas en lo que va del año no fueron retiradas por sus propietarios y continúan alojadas en el depósito de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito.
Esta cifra, que surge de los registros oficiales del área, no solo refleja el impacto de los controles en la vía pública, sino también deja al descubierto una problemática más profunda vinculada al incumplimiento de las normativas vigentes y también a la falta de regularización de los vehículos secuestrados. En muchos casos, las motos retenidas presentan irregularidades tales como la ausencia de documentación obligatoria, falta de patente, carencia de seguro o incluso modificaciones no autorizadas.
Desde el Municipio explican que los operativos forman parte de una política sostenida que apunta a mejorar la seguridad vial y reducir todos los índices de siniestralidad, especialmente en un contexto donde la motocicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más utilizados. Sin embargo, advierten que el alto porcentaje de vehículos no retirados evidencia que una parte importante de los conductores circula al margen de la ley o no cumple con los requisitos mínimos para recuperar sus rodados.
“El hecho de que más de la mitad de las motos retenidas no sean retiradas habla de una situación compleja. En muchos casos, los costos de las multas, sumados a las exigencias para regularizar la documentación, superan el valor del propio vehículo”, indicaron ayer fuentes vinculadas al área de Tránsito. Esta situación genera un efecto colateral: la acumulación progresiva de estas unidades en el predio municipal, con las dificultades logísticas y operativas que ello implica.
El depósito de Inspección General y Tránsito, ubicado en calle Tucumán al 200, donde permanecen las motocicletas secuestradas, muestra hoy un nivel de ocupación elevado, lo que obliga a las autoridades a evaluar alternativas para la gestión de estos vehículos que no son reclamados. Entre las posibilidades que se analizan se encuentran los procesos administrativos para la compactación o disposición final, en línea con aquellas normativas vigentes.
A su vez, desde el área remarcan que el Programa Tolerancia Cero no solo apunta a sancionar, sino también a generar conciencia en la población sobre la importancia de cumplir con las normas de tránsito. Los controles se enfocan especialmente en el uso del casco, la portación de documentación, el respeto por las señales y la detección de conductas de riesgo como el consumo de alcohol al volante.
En este sentido, sostienen que la retención de vehículos es una herramienta clave para desalentar infracciones graves y prevenir accidentes. No obstante, reconocen que el desafío no termina en el secuestro, sino que continúa en la instancia posterior, donde se pone en juego la responsabilidad de los propietarios para regularizar su situación.
Otro aspecto que preocupa a las autoridades es que muchas de las motocicletas no retiradas podrían quedar definitivamente fuera de circulación, ya sea por abandono o por la imposibilidad de sus dueños de afrontar los costos correspondientes. Esto, a su vez, plantea interrogantes sobre el origen de algunos rodados y su eventual vinculación con circuitos informales de compra y venta.
Mientras tanto, los operativos de control continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la presencia en la vía pública y sostener una política activa en materia de seguridad vial. Desde el Municipio insisten en que el cumplimiento de las normas no solo evita sanciones, sino que también contribuye a reducir riesgos y salvar vidas.
En un contexto donde el parque de motocicletas sigue en crecimiento, el dato del 65 por ciento de vehículos no retirados funciona como un indicador que interpela tanto a las autoridades como a la comunidad en su conjunto. La seguridad vial, coinciden, es una construcción colectiva que requiere compromiso, responsabilidad y un cambio cultural sostenido en el tiempo.