El Gobierno Nacional avaló la extensión del régimen hasta fines de febrero de 2026, lo que permitirá sostener con alivios fiscales y administrativos a los productores más golpeados por la falta de lluvias en Santa Fe.
Santa Fe busca dar previsibilidad y alivio a los productores del norte provincial
El Gobierno de Santa Fe confirmó este jueves que la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria dio aval al pedido de prórroga para extender la emergencia agropecuaria por sequía en el norte de la provincia. Con este respaldo, solo resta que el Ministerio de Economía de la Nación dicte la resolución definitiva que homologue a nivel nacional la medida solicitada por la administración santafesina.
La extensión de la emergencia regirá hasta el 28 de febrero de 2026 y comprende a distintos distritos del departamento 9 de Julio, con el objetivo de sostener la producción agrícola y ganadera tras una campaña severamente afectada por la falta de precipitaciones. La prórroga habilita beneficios fiscales y administrativos para los productores alcanzados, en un contexto que sigue siendo complejo para la actividad.
Desde el Ejecutivo provincial recordaron que, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la prórroga fue dispuesta mediante el Decreto Nº 3184/25, que amplía la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario establecida previamente por el Decreto Nº 0435/25. La decisión se fundamenta en la prolongación de la sequía, que continúa comprometiendo los niveles productivos en amplias zonas del norte santafesino.
La medida tiene vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 y se extiende hasta fines de febrero de 2026. Abarca a las localidades de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. En tanto, quedaron exceptuadas Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis, donde se constataron mejoras en las condiciones productivas.
Al referirse a la decisión, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “con esta prórroga, el Gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro refuerza su acompañamiento al sector agropecuario, brindando herramientas concretas para mitigar el impacto de la sequía y sostener la actividad en una de las regiones más afectadas de la provincia”. En ese sentido, remarcó que la transparencia y la previsibilidad en la gestión son claves para que los productores cuenten con el respaldo del Estado.
En cuanto a los trámites, desde la Gobernación explicaron que los productores que ya cuenten con certificados de Emergencia Agropecuaria pasarán automáticamente a la condición de Desastre, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Aquellos que ya estén encuadrados como "desastre agropecuario" mantendrán esa condición, quedando exceptuados de nuevos trámites administrativos.
Por su parte, los productores que aún no hayan presentado la declaración jurada y deseen acceder a los beneficios deberán iniciar el trámite a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), completando el formulario correspondiente. En el caso del sector apícola, la presentación deberá realizarse mediante el sistema Proap, en el apartado específico de Emergencia Agropecuaria.
La normativa vigente establece que el plazo para presentar las declaraciones juradas se extiende hasta el 29 de enero, con la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Productivo prorrogue esa fecha si las circunstancias así lo requieren.
En materia de beneficios, los productores con certificados de Emergencia Agropecuaria accederán a la prórroga de los vencimientos de las cuotas quinta y sexta del año 2025 y de la primera cuota de 2026 del Impuesto Inmobiliario, de acuerdo con los calendarios impositivos vigentes. En tanto, quienes cuenten con certificados de Desastre Agropecuario obtendrán la condonación de esas mismas cuotas.
Además, se dispuso que la Administración Provincial de Impuestos emita certificados de crédito fiscal o proceda a las devoluciones correspondientes en los casos en que se hayan abonado impuestos que debían ser condonados. Finalmente, la norma suspende por 180 días la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, una vez finalizado el período de emergencia, en los términos previstos por la legislación provincial.
Con esta prórroga, Santa Fe busca dar previsibilidad y alivio a los productores del norte provincial, en un escenario donde la sequía continúa siendo un factor determinante para la producción y la economía regional.