La CGT marchará el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país para rechazar la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso.
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MundoGremialLa CGT anunció una movilización nacional para el 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. La protesta, cuyo epicentro será Plaza de Mayo y que se replicará en todas las provincias, será la primera gran respuesta del movimiento obrero al proyecto de Javier Milei, que ya encendió tensiones políticas y sindicales.
La Confederación General del Trabajo confirmó este jueves la convocatoria, que busca marcar un límite frente a un proyecto que introduce cambios profundos en las reglas laborales vigentes. La marcha se inscribe como la primera demostración de fuerza tras la presentación formal del texto ante el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto impulsa modificaciones en indemnizaciones, aportes patronales, contratación flexible y negociación colectiva, ejes que generaron un rechazo inmediato en gremios y referentes sindicales. En paralelo, forma parte del paquete de reformas económicas que el Gobierno aspira a aprobar antes de fin de año, aprovechando la nueva composición legislativa.
Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la sede de Azopardo 802 para analizar el proyecto y definir una postura unificada. En un clima de fuerte rechazo, los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello acordaron avanzar con la movilización como gesto político y como advertencia al Gobierno.
La CGT busca no solo exhibir capacidad de convocatoria, sino también enviar un mensaje contundente al Congreso: sin modificaciones sustanciales, el conflicto escalará. La central obrera combina presiones legislativas, negociaciones con bloques opositores y presencia en las calles, en lo que podría convertirse en el primer gran choque entre el sindicalismo y el Gobierno libertario.
La protesta del 18 de diciembre será un punto de inflexión para medir el músculo sindical y el alcance del rechazo a una de las reformas laborales más profundas de las últimas décadas. También será clave para evaluar la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su agenda económica en un escenario de creciente tensión social.