El Gobierno nacional salió al cruce de las críticas del sector agropecuario tras la finalización del esquema de retenciones cero dispuesto por el decreto 682. “Fue una medida extraordinaria para defender el peso”, sostuvo el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, en declaraciones radiales.
El funcionario, que además es productor agropecuario, reconoció que la reacción de las entidades del campo fue dura: “Me están insultando en colores y en arameo”. Aun así, defendió la decisión al asegurar que “no se trató de una medida desesperada”, sino de una respuesta frente a “una dificultad exógena generada por una oposición que buscaba generar un desorden y un desequilibrio fiscal impulsando leyes que aumentaban el gasto”.
El decreto y su impacto
El esquema de retenciones cero contemplaba un plazo de vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar un cupo de exportaciones por 7000 millones de dólares, lo que ocurriera primero. Alcanzaba a la soja, el maíz, otros granos y oleaginosas, así como a sus subproductos.
La medida fue recibida como un alivio por el sector agropecuario en un contexto de precios internacionales inestables y de fuerte presión impositiva. Sin embargo, su final anticipado generó malestar. Desde la Mesa de Enlace advirtieron que el cambio de reglas de juego “afecta la previsibilidad” y “golpea la confianza de los productores en un momento de incertidumbre”.
La defensa oficial de ARCA
En diálogo con radio Mitre, Pazo justificó la marcha atrás: “Teníamos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar a la borda el esfuerzo de los argentinos. Estas medidas sirven para ordenar la crisis cambiaria que repercute en toda la economía, principalmente en el campo”.
Según el funcionario, la decisión permitió una baja del tipo de cambio, de la tasa de interés y del riesgo país: “Eso genera previsibilidad, que es lo que necesitan los productores para planificar su actividad”. Además, destacó que desde la asunción de Javier Milei las retenciones a la carne y a los granos se redujeron en un 20%.
Pazo también buscó relativizar las quejas de los productores en materia de precios. “La soja se comercializaba en 298 dólares antes de las medidas y, en los últimos días, el promedio fue de 350 dólares. Cuando perforó los 340, no hubo más ventas. Ya se les pagó un 15% más, con lo cual no es cierto que no estén recibiendo un beneficio”, afirmó.
El enojo del agro
Del otro lado, las entidades rurales reaccionaron con desconfianza. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó que “el campo siente que una vez más se le cambia la bocha en medio del partido” y que las decisiones de corto plazo “afectan la credibilidad del Gobierno ante los productores que arriesgan capital y trabajo en cada campaña”.
La Sociedad Rural Argentina, en tanto, sostuvo que la eliminación de las retenciones cero “es un retroceso en el sendero de eliminación de impuestos distorsivos” y reclamó un esquema de reglas claras. “No puede ser que cada tres meses tengamos un nuevo decreto que afecta la competitividad del sector”, señalaron.
Federación Agraria Argentina, por su parte, puso el foco en los pequeños y medianos productores: “Para ellos, cada punto de retenciones significa menos margen y más riesgo. Veníamos de celebrar una señal positiva y hoy nos encontramos con una marcha atrás que genera frustración”.
La oposición y el trasfondo político
La discusión sobre las retenciones se inscribe en una disputa política más amplia. Desde el oficialismo apuntan a que la oposición buscó desfinanciar al Estado con proyectos de ley que incrementaban el gasto. Pazo acusó a los legisladores de “generar un escenario de desorden fiscal” que obligó al Ejecutivo a tomar medidas drásticas para preservar la estabilidad cambiaria.
El trasfondo también tiene una dimensión económica: el Gobierno intenta sostener el plan de ajuste y cumplir con metas fiscales en un contexto de volatilidad, sin perder completamente el respaldo del sector agropecuario, que constituye uno de los pilares de la generación de divisas.
Perspectivas
El futuro del esquema de retenciones vuelve a quedar bajo discusión. Mientras el Gobierno insiste en que la salida del régimen cero fue una medida transitoria para enfrentar una coyuntura, el campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.
“El productor necesita reglas estables, no parches. Nadie siembra si no sabe qué impuestos va a pagar cuando coseche”, resumió un dirigente de la Mesa de Enlace.
Entre la necesidad del Ejecutivo de garantizar estabilidad macroeconómica y la exigencia del campo de previsibilidad y menor presión fiscal, se abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y uno de los sectores más influyentes de la economía argentina.