Un informe del IERAL-Fundación Mediterránea reveló que los productores lograron captar dos tercios del beneficio de la baja temporal de retenciones. El Estado asumió un costo de más de U$S 1.500 millones.
La política de “retenciones cero” impulsada por el Gobierno nacional a fines de septiembre, una medida que duró apenas tres días hasta agotar el cupo de exportaciones por U$S 7.000 millones, generó fuertes controversias dentro del sector agropecuario.
Mientras algunos dirigentes rurales sostenían que el beneficio había quedado en manos de las grandes agroexportadoras, un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IERAL) de la Fundación Mediterránea aporta una mirada diferente: parte de esa mejora fiscal sí llegó al campo.
De acuerdo con el trabajo elaborado por los economistas Franco Artusso y Tobías Lucero, los productores que aún contaban con granos disponibles al momento de la medida y pudieron venderlos después del 20 de septiembre se quedaron con cerca de dos tercios del beneficio fiscal.
El tercio restante quedó en manos del sector exportador, que debió afrontar mayores costos financieros y de cobertura para cumplir con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas bajo el nuevo régimen.
El análisis del IERAL se centró especialmente en la soja, principal grano de exportación y producto que representó más del 70% de las DJVE emitidas durante la vigencia del esquema de retenciones cero.
El informe recuerda que el precio interno de la oleaginosa —la referencia de pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario— depende de tres factores: el valor internacional FOB, el tipo de cambio de liquidación y la carga tributaria sobre las exportaciones.
Durante el corto período que fue del 19 de septiembre al 2 de octubre, el precio FOB de la soja cayó 1,5%, el tipo de cambio de liquidación retrocedió 3,4% y las retenciones regresaron al 26%. En ese escenario, el precio de paridad de exportación debería haber bajado cerca de 5%.
Sin embargo, ocurrió lo contrario: la pizarra de la soja aumentó 13,6% en pesos, lo que equivale a una suba del 17,6% en dólares al tipo de cambio oficial.
Los investigadores explican este fenómeno como un efecto diferido de la eliminación temporal de las retenciones. Las empresas exportadoras, obligadas a respaldar las DJVE por 14,5 millones de toneladas y sin contar con suficiente mercadería, salieron a competir en el mercado interno, convalidando precios por encima de la paridad. En esa competencia, buena parte del alivio fiscal se trasladó al productor.
Previo al anuncio, el precio pizarra se mantenía prácticamente alineado con la paridad de exportación que incluía retenciones del 26%. Tras la medida, la brecha se amplió: el precio interno superó en promedio los 96.000 pesos por tonelada al valor teórico con retenciones, frente a una diferencia total de 143.000 pesos entre ambos escenarios.
De esa brecha, el 67% del beneficio terminó en manos de los productores, reflejando una mejora real en el precio recibido por quienes aprovecharon la ventana de oportunidad.
El 33% restante quedó del lado de los exportadores, aunque, según el IERAL, ese margen se explica por los mayores costos financieros y la obligación de liquidar divisas en plazos más cortos. “El sector industrial exportador debió asumir un esfuerzo considerable para cumplir con los compromisos de venta externa”, subraya el informe.
En el caso del maíz, donde la alícuota pasó del 9,5% al 0%, el reparto del beneficio fue distinto. Según los cálculos del IERAL, los productores captaron en promedio el 43% del alivio fiscal, mientras que el 57% restante quedó en manos de las empresas exportadoras.
Hacia fines de septiembre, esa proporción cayó por debajo del 20%, a medida que la exportación logró cubrir buena parte de las operaciones registradas y el mercado interno tendió a normalizarse.
El estudio también cuantifica el costo que tuvo para el Estado la eliminación transitoria de los Derechos de Exportación: U$S 1.530 millones, equivalentes al 0,2% del PBI de 2025.
El complejo sojero (harina, poroto y aceite) explicó más del 80% de ese monto, seguido por trigo y maíz, con incidencias mucho menores. Otros productos, como girasol, cebada, sorgo y harinas de trigo, tuvieron una participación marginal.
El IERAL aclara que este costo no se concreta de manera inmediata, sino que se irá verificando en los próximos meses, a medida que las exportaciones declaradas bajo el esquema sin retenciones se vayan efectivizando y se registre la correspondiente pérdida de recaudación.
Aunque la política de retenciones cero duró solo 72 horas, su impacto dejó señales claras en el mercado. Los precios domésticos respondieron de forma inmediata, demostrando la sensibilidad del sistema ante cualquier cambio en la carga impositiva.
Más allá del debate político y de las críticas de las entidades del agro —que apuntaron al carácter limitado y fugaz de la medida—, el informe del IERAL aporta evidencia empírica de que el alivio fiscal no se concentró exclusivamente en el sector exportador, sino que una parte significativa se trasladó al productor.
En un contexto de márgenes ajustados y altos costos financieros, el breve respiro de las “retenciones cero” confirmó una vez más la estrecha conexión entre política económica y precios agrícolas: cuando el Estado alivia la presión impositiva, el campo lo siente —aunque sea por pocos días— en el valor real de su producción.