“El periurbano es un espacio de conflicto: termina la urbanización y empieza la producción rural”, señaló Germán Michetti, asesor privado (MP00028) y productor agropecuario de Pergamino, en el marco de una charla organizada por INTA.
En Argentina, y particularmente en esta ciudad bonaerense, el problema se agrava por la deriva de agroquímicos y la falta de actualización normativa. Además, muchas empresas agropecuarias no cumplen con las disposiciones mínimas e indispensables para hacer una aplicación.
“Actualmente, el aval de un ingeniero agrónomo es primordial al momento de realizar una aplicación determinada. Sin embargo, muchas veces no hay controles y los trabajos de pulverización se realizan sin la receta agronómica correspondiente”, expresó el entrevistado, reconociendo con preocupación que esta metodología, que debería utilizarse “obligatoriamente en cada aplicación”, solo se adopta en menos del 10% de los casos en la provincia de Buenos Aires.
La ley provincial vigente data de 1988. Aunque prohíbe las aplicaciones aéreas a menos de 2000 metros de centros urbanos o escuelas rurales, no contempla restricciones para las aplicaciones terrestres, lo que deja un vacío frente a la expansión inmobiliaria.
Ordenamiento territorial en crisis
Muchos barrios y countries son reconocidos como urbanos por los municipios, pero para la provincia siguen siendo rurales. “Eso genera choques permanentes: productores que estaban antes en esas tierras de repente quedan rodeados por viviendas”, explicó el ingeniero en diálogo con LOCampo.
En Pergamino, la exclusión para pulverizaciones terrestres es de solo 100 metros por la ordenanza local. Sin embargo, la justicia, luego de varias denuncias de grupos ecologistas, decidió establecer más de mil metros, fijando una medida cautelar que hoy plantea desafíos en el agro pergaminense.
Más aplicaciones, más conflicto
Michetti remarcó que las transformaciones del modelo productivo también potenciaron la tensión.
“Antes, con una sola aplicación de glifosato era más manejable; hoy, la aparición de malezas resistentes obliga a aplicar una catarata de fitosanitarios, aumentando exponencialmente la carga y, por ende, el conflicto”.
“Actualmente, el aval de un ingeniero agrónomo es primordial al momento de realizar una aplicación determinada. Sin embargo, muchas veces no hay controles y los trabajos de pulverización se realizan sin la receta correspondiente”, expresó el entrevistado, reconociendo con preocupación que esta metodología, que debería utilizarse “obligatoriamente en cada aplicación”, solo se adopta en menos del 10% de los casos en la provincia de Buenos Aires. “Actualmente, el aval de un ingeniero agrónomo es primordial al momento de realizar una aplicación determinada. Sin embargo, muchas veces no hay controles y los trabajos de pulverización se realizan sin la receta correspondiente”, expresó el entrevistado, reconociendo con preocupación que esta metodología, que debería utilizarse “obligatoriamente en cada aplicación”, solo se adopta en menos del 10% de los casos en la provincia de Buenos Aires.
El especialista subrayó que el problema no es solo normativo, sino también de control: “En otros países hay restricciones mínimas, pero si se incumplen, las multas son espantosas y el aplicador pierde el carnet”, destacó el ingeniero agrónomo.
Hacia un periurbano con alternativas
Como salida, Michetti plantea repensar la producción en estas áreas: forestación, silvicultura y modelos mixtos con ganadería.
“Las cadenas forestales podrían ser una solución definitiva porque actúan como barreras naturales contra la deriva”, dijo, aunque advirtió que requieren inversión a largo plazo y enfrentan riesgos como el abigeato.
Finalmente, pidió que los organismos públicos fomenten estas alternativas: “El conflicto va a seguir, y necesitamos construir opciones que permitan la convivencia entre la ciudad y el campo”.