Cinco integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pergamino que habían sido cesanteados en abril del año pasado, retornaron a la institución esta semana a raíz de una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo de nuestra ciudad, a cargo del doctor Luciano Savignano.
El magistrado dispuso la suspensión del acta administrativa que solicitaba la baja de Juan Manuel Carriego, Agustín Carriego, Mauricio Calzone, Juan Manuel Santucho y Pedro Lonati y ordenó la reincorporación de los mismos hasta que se dicte sentencia en la causa.
El juez consideró que el acta administrativa Nº 1.342 de la comisión directiva carecería de causa y que en su escueta redacción no consta un análisis de los hechos que fundaron el mismo, así como una ausencia de información sobre los hechos atribuidos.
También observó un limitado espacio temporal entre la apertura de los sumarios y la resolución de la baja del Cuerpo Activo, sin que tampoco se observen manifestaciones en torno a las posiciones, pruebas, valoraciones y alegatos de los accionantes en sede administrativa.
Para el magistrado, la decisión de la comisión directiva pareciera haber sido dictada con desconocimiento de los principios rectores que surgen del régimen jurídico propio de los actos administrativos, así como también el Código de Etica Bomberil.
Por otra parte, la medida cautelar hace un llamado de atención a las autoridades de la institución respecto a la documentación recibida: No puedo dejar de advertir la falta de orden, compaginación y debida agregación de constancias documentales, las cuales han debido ser ordenadas por quien suscribe y personal del Juzgado, lo cual denota una falta de colaboración con la administración de Justicia, en especial respecto a la documentación referida a uno de los efectivos cesanteados dentro de cuyo legajo se encuentran constancias del resto de los bomberos. Por todo ello, se exhorta a las autoridades de la Sociedad de Bomberos Voluntarios a evitar tales prácticas reñidas con los deberes de probidad y buena fe procesal.
Con estos argumentos, el Juzgado Contencioso Administrativo hizo lugar a la medida cautelar peticionada y dispuso la suspensión de los efectos de lo resuelto en el acta Nº 1.342 por la comisión directiva de institución, debiendo abstenerse las autoridades de efectivizar la baja ordenada y reincorporar a los efectivos.
Desde el lunes, los cinco efectivos retornaron a sus puestos de trabajo en el mismo estado en que se encontraban cuando se solicitó dispuso la baja, hasta que la propia institución revea la situación o el organismo administrativo provincial competente resuelva la causa.