Milei vetó la ley de reparto automático de ATN, votada por todos los gobernadores, y abrió un nuevo conflicto con las provincias en plena tensión política.
Javier Milei
LAOPINIONUn veto que profundiza la tensión con las provincias: En una semana marcada por los efectos de la elección en la provincia de Buenos Aires y los escándalos internos, Javier Milei vetó la ley que establecía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La norma había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, con respaldo de los 24 gobernadores.
La decisión presidencial representa un golpe directo al consenso federal, ya que deja sin efecto una ley que buscaba dar previsibilidad a los fondos que la Nación transfiere a las provincias. El veto fue firmado con el argumento de que el mecanismo automático “desnaturaliza” la razón de ser de los ATN y afecta las facultades del Poder Ejecutivo.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) están previstos en la Ley de Coparticipación Federal como fondos extraordinarios, destinados a atender desequilibrios financieros o emergencias en las provincias. Representan el 1% del total de recursos coparticipables y, hasta ahora, se distribuyen de forma discrecional desde el Ministerio del Interior.
La ley vetada pretendía que esos fondos se distribuyan de forma automática y diaria, como el resto de la coparticipación, eliminando el margen de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo. Los gobernadores venían reclamando esta reforma para garantizar previsibilidad en un contexto de ajuste fiscal y caída de transferencias.
Según el decreto firmado por Milei, la ley contradice el “espíritu original” del Fondo de ATN, que fue pensado como un instrumento discrecional para emergencias y no como una parte de la masa coparticipable habitual.
El texto cita como ejemplos de uso legítimo de los ATN las emergencias hídricas, sanitarias y económicas de 2024 y 2025, y remarca que quitar esta herramienta representa “un menoscabo concreto a las facultades del Estado Nacional”.
El veto también argumenta que reformar el sistema de coparticipación requiere un consenso mayor, y no soluciones parciales como esta ley. Y recuerda que el Presidente tiene la facultad constitucional de vetar leyes que considera lesivas para la administración.
El veto a la ley de ATN no es el único reciente. En los últimos días, el Gobierno también rechazó la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, generando un creciente malestar en distintos sectores sociales.
Ambas leyes habían sido votadas en el Congreso con amplio respaldo, y apuntaban a recomponer partidas presupuestarias para las universidades públicas y el sistema de salud pediátrica, respectivamente.
El Ejecutivo argumentó que su aprobación “incrementaría desproporcionadamente el gasto público sin recursos reales para solventarlo”, y que impulsaría una mayor emisión monetaria, atentando contra los objetivos de estabilidad fiscal.
El veto a la ley de ATN llega en medio de una interna creciente dentro del oficialismo y el escándalo por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que comprometen a Karina Milei y “Lule” Menem.
Además, el Gobierno analiza cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, también aprobada en el Congreso. Las alternativas son judicializarla o reglamentarla de manera tal que no se aplique.
Para los gobernadores, especialmente aquellos que integran el bloque de Provincias Unidas, el veto es una señal de ruptura del diálogo federal. Consideran que Milei privilegia el centralismo fiscal y resiste compartir el manejo de recursos clave.
Del otro lado, el Presidente busca mantener el control total de las herramientas de gasto, en nombre del equilibrio fiscal y su cruzada contra el “gasto político”. Con el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, que será anunciado por cadena nacional el próximo lunes, se espera que este debate escale aún más.