El Ministerio de Seguridad prepara un dispositivo sin precedentes para el traslado de la expresidenta a los tribunales federales.
Cristina Fernández de Kirchner
LAOPINIONEn un clima de creciente tensión política y con alto impacto institucional, el Gobierno nacional confirmó que ya se encuentra en marcha un operativo especial de seguridad para el traslado de Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.
Deberá presentarse el próximo miércoles para hacer efectiva la condena a seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2. Participarán las cuatro fuerzas federales, con un despliegue que busca garantizar el orden público y evitar escenificaciones. Se estudia otorgarle prisión domiciliaria antes del miércoles.
El procedimiento será ejecutado por las cuatro fuerzas federales —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, y contempla una escolta desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución hasta el edificio judicial de Retiro. La expresidenta confirmó en sus redes sociales que asistirá voluntariamente a la citación del tribunal, mientras se resuelve su pedido de prisión domiciliaria.
El diseño del operativo incluye cortes parciales de tránsito y un sistema de vallado perimetral alrededor de Comodoro Py, con el objetivo de evitar desbordes o incidentes frente a las movilizaciones que ya convocan distintas agrupaciones políticas y sindicales. Según fuentes oficiales, la orden de la Casa Rosada es evitar cualquier tipo de “show” mediático o escenificación del proceso judicial, garantizando un trato respetuoso hacia la exmandataria.
“El objetivo es preservar el orden público, evitar enfrentamientos y no generar imágenes que puedan tensar aún más la situación”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad. En ese sentido, se prohibirá la difusión de fotografías del proceso de fichaje —que incluye la toma de huellas y fotografía carnet— como señal institucional de respeto a su investidura como expresidenta.
Uno de los puntos centrales que aún permanece sin definición es la forma en que Cristina Kirchner cumplirá su condena. Este jueves, el Ministerio de Seguridad presentó en sobre cerrado ante el Tribunal Oral Federal 2 un informe con la propuesta de detención en una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en caso de que no se conceda la domiciliaria.
El documento fue entregado bajo estricta reserva, y contempla opciones dentro del sistema federal que garanticen condiciones dignas y seguridad para una figura pública de alta exposición. Sin embargo, fuentes cercanas al tribunal confirmaron que existe una alta probabilidad de que la prisión domiciliaria sea otorgada antes del miércoles, lo que evitaría el traslado físico a Comodoro Py.
En ese caso, el juez Jorge Gorini podría comunicar la decisión a través de un encuentro virtual (Zoom) entre las partes, en el que participarán los representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica de la expresidenta.
El Partido Justicialista confirmó su apoyo público a la expresidenta y convocó a una movilización en su respaldo, a la que ya se sumaron gremios como ATE, las dos CTA, UOM, La Bancaria y SMATA. Estas organizaciones habían sido protagonistas de cortes previos, como el bloqueo parcial de la autopista Panamericana el día en que se conoció la sentencia.
Desde el Gobierno nacional sostienen que se mantendrán firmes con la implementación del operativo antipiquetes, para evitar cortes masivos y garantizar la libre circulación. “No queremos que se rompa todo ni que la gente quede atrapada por protestas. El orden también es una demanda ciudadana”, aseguran cerca del presidente.
No obstante, algunos sectores del oficialismo creen que una eventual crisis en la calle podría beneficiar políticamente al Gobierno, dado el desgaste de la figura de Cristina Kirchner y el malestar de sectores sociales frente a movilizaciones violentas. “Si hay tensión, nos conviene. La gente está cansada de los cortes”, deslizó un alto funcionario en off.
La presentación de Cristina Kirchner ante el tribunal para el cumplimiento efectivo de una condena penal marca un hito histórico en la política argentina contemporánea. Por primera vez, una expresidenta es obligada a cumplir prisión por causas vinculadas a corrupción durante su mandato. Este hecho no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también profundas implicancias en el escenario electoral, en la interna del peronismo y en el equilibrio institucional del país.
El miércoles podría definirse si ese capítulo se abrirá con una imagen de impacto político —la expresidenta rodeada de fuerzas federales— o con un trámite virtual que evite la exposición pública. Lo que ya está claro es que el país estará en vilo y la Ciudad de Buenos Aires será epicentro de una jornada que marcará un antes y un después.