Fingió ser abogado, falsificó documentos, estafó por 54 millones de pesos y terminó llorando ante el fiscal.
El falso abogado Juan Andrés Zurvera, de Sunchales, Santa Fe.
LA CAPITALLa causa judicial contra Juan Andrés Zurvera conmocionó a la ciudad de Sunchales y a la provincia de Santa Fe. Aunque nunca terminó la carrera de Derecho —apenas aprobó 13 materias desde su ingreso a la universidad en 2014—, logró convencer a su entorno de que era abogado matriculado. La mentira alcanzó incluso a su familia más cercana, incluida su madre.
Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Zurvera sostuvo la farsa durante tres años. Para hacerlo, falsificó firmas digitales de jueces y camaristas, adulteró documentación judicial y montó un supuesto estudio jurídico.
Incluso contó con la colaboración de un abogado local, que también fue engañado.
El fiscal Guillermo Loyola, de la Fiscalía de Rafaela, explicó que Zurvera apuntaba a personas con urgencias legales. Les prometía iniciar juicios, pedía adelantos por honorarios y gastos, y luego dilataba las respuestas con excusas y papeles apócrifos.
Solo entre enero y noviembre de 2025, recibió $18 millones en transferencias. En total, la estafa superó los $54 millones, con al menos 10 hechos comprobados, aunque la causa sigue sumando denuncias.
Además de su actividad como falso abogado, Zurvera llegó a ocupar la vicepresidencia primera del Club Unión de Sunchales, lo que reforzó su imagen de confianza en la comunidad.
Tras conocerse el caso, la institución emitió un comunicado para despegarse del escándalo y aclaró que los hechos son de índole personal.
Confrontado con las pruebas, Zurvera se quebró emocionalmente durante su declaración. Lloró frente al fiscal y habló de frustraciones personales y una cadena de mentiras que, según relató, comenzaron en su entorno familiar.
Sin embargo, el fiscal Loyola fue categórico: “No hay justificación para lo que hizo”.
Zuvera fue imputado por:
Estafas reiteradas
Falsificación de documentos públicos
Usurpación de títulos
Pese al intento de su defensa por descartar el delito de estafa, el juez penal Javier Bottero dictó prisión preventiva sin plazos.
“El engaño es evidente. Incluso un estudiante de Derecho con 13 materias podría advertir que esto es una estafa”, sostuvo el magistrado.
Más allá del perjuicio económico, varias víctimas remarcaron el impacto emocional. Algunas se endeudaron para pagar trámites legales que nunca existieron.
“Lo peor no fue solo la plata, fue la estafa emocional”, relató una de las personas damnificadas.