El nuevo Plan de la SIDE incluye como focos de interés a quienes afecten la confianza pública. ¿Vuelve el espionaje interno en democracia?
SIDE: sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado
LAOPINIONEl reciente Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) plantea un escenario inquietante para la democracia argentina. Bajo la conducción de Sergio Neiffert, la SIDE fijó como líneas de acción no sólo la prevención del terrorismo o la protección de recursos estratégicos, sino también el seguimiento de actores que “manipulen la opinión pública”.
El texto, reservado pero confirmado por múltiples fuentes, genera alarma porque entreabre la puerta al espionaje interno sobre periodistas, economistas, influencers, académicos y cualquier ciudadano que exprese una crítica pública al oficialismo. Así lo comentó Hugo Alconada Mon en su columna del Diario La Nación
Uno de los puntos más sensibles del documento es la posibilidad de que se vigile a quienes generen una “distorsión de la percepción” o afecten los “procesos cognitivos” de la opinión pública, incluso a través de inteligencia artificial o redes sociales. ¿Estamos frente a un avance sobre la libertad de expresión disfrazado de seguridad nacional?
El documento, de 170 páginas, deja más dudas que certezas. No se aclara si esas tareas de seguimiento apuntan a agentes extranjeros o si también pueden incluir a comunicadores, analistas políticos, economistas disidentes o usuarios activos de redes. En un país con heridas abiertas por el uso político de los servicios de inteligencia, el contenido del PIN 2024-2028 no pasa inadvertido.
El nuevo plan parece alinearse con la cosmovisión ideológica del oficialismo, e incluso legitimar la llamada “batalla cultural” de La Libertad Avanza. Reafirma el alineamiento con Estados Unidos e Israel, contempla amenazas como el terrorismo “de raigambre anarquista” y suma nuevos ejes, como el uso de criptomonedas para operaciones ilegales, las migraciones internas, o los “fenómenos derivados de la pobreza”.
Sin embargo, también se contradice con medidas oficiales recientes. Mientras el gobierno promueve desregulaciones y mecanismos para el sinceramiento fiscal, el plan de inteligencia pone bajo sospecha a quienes podrían operar con criptomonedas o evadir controles, sin distinguir claramente lo legal de lo ilegal.
En paralelo, la SIDE recibió una asignación presupuestaria récord de más de $80.000 millones para 2025, de los cuales $13.436 millones están etiquetados como “gastos reservados”. ¿Cómo se fiscaliza esa inversión? ¿Cuáles serán los límites éticos y legales del accionar de los espías?
En este contexto, la preocupación crece: ¿el Estado vigilará la crítica en vez de mejorar sus políticas? ¿El nuevo rol de la SIDE se convertirá en una herramienta de control social encubierto?
La historia argentina ofrece sobradas razones para ser cautelosos frente a cualquier intento de extender las funciones de inteligencia hacia el campo de la libertad de expresión y el debate público.
La seguridad nacional es un deber del Estado. Pero también lo es proteger el derecho a opinar, disentir y cuestionar sin miedo a ser espiados. En tiempos de tensiones y polarización, los límites entre seguridad y control deben ser claros, públicos y sometidos al escrutinio democrático.