El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una de las herramientas centrales de la Ley de Modernización Laboral sancionada en marzo pasado. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece las condiciones para que los empleadores del sector privado regularicen relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, accediendo a importantes beneficios fiscales y previsionales. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Crónica
Qué es el PER y a quién apunta
El Régimen de Promoción del Empleo Registrado está diseñado para atacar uno de los problemas estructurales más persistentes del mercado laboral argentino: el trabajo no registrado. Según datos históricos del sistema, cerca de un tercio de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado opera en la informalidad total o parcial, lo que implica la falta de aportes jubilatorios, cobertura de salud, seguro por riesgos del trabajo y acceso a prestaciones por desempleo.
El régimen aplica a las relaciones laborales vigentes del sector privado no registradas o deficientemente registradas iniciadas hasta la fecha de promulgación de la ley de modernización laboral. Es decir, no alcanza a nuevas contrataciones sino a vínculos laborales preexistentes que el empleador no había declarado o había declarado de manera incompleta. Boletín Oficial de la República Argentina
Los beneficios según el tamaño de la empresa
El esquema de condonación es escalonado y diferencia según la categoría del empleador. El régimen ofrece condonaciones de hasta el 90% de las deudas previsionales para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, un 80% para medianas y un 70% para el resto. Dolarhoy
La condonación alcanza específicamente a las deudas originadas en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, las cuotas destinadas al Régimen de Riesgos del Trabajo y las cuotas correspondientes al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. En el caso de grandes empresas, la condonación del 100% aplica únicamente sobre esas tres categorías específicas de deuda.
Extinción de la acción penal
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la extinción de la acción penal para quienes adhieran al régimen. La norma establece que esa extinción regirá en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión, en todos los casos en que las imputaciones se vinculen con las obligaciones incluidas en el régimen de regularización. Esto implica que empleadores con causas penales abiertas por evasión previsional podrán beneficiarse de la medida siempre que no haya sentencia definitiva.
Qué pasa con la deuda no condonada
La normativa también prevé que la deuda remanente podrá cancelarse mediante un plan de facilidades de pago que implementará ARCA o mediante pago al contado con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no condonados. Esta doble vía le da al empleador flexibilidad para resolver el pasivo restante sin necesidad de un desembolso inmediato. APFDigital
Los beneficios para el trabajador regularizado
La regularización no solo beneficia al empleador. El decreto establece que el período incluido en el régimen será considerado como tiempo de servicio a los efectos del cómputo de años requeridos para acceder a la Prestación Básica Universal del sistema jubilatorio. También será válido para acreditar la condición de aportante necesaria para acceder a la Prestación de Retiro Transitorio por Invalidez o a la Pensión por Fallecimiento del afiliado en actividad.
El período regularizado además será computado para acceder a las prestaciones por desempleo, aunque el decreto aclara que el cálculo de esos beneficios se realizará sobre un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, salvo que el sueldo declarado sea superior. En ese caso, se tomará el salario efectivamente informado.
La baja del registro de empleadores sancionados
El decreto establece un beneficio adicional que tiene impacto directo en la reputación comercial e institucional de las empresas que regularicen: el acceso al plan permitirá la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, con relación a las infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026, fecha de promulgación de la ley. Ese registro, conocido como REPSAL, es consultado habitualmente por organismos del Estado y empresas para evaluar el historial laboral de los empleadores.
Un paquete más amplio de reglamentación
El Decreto 409/2026 forma parte de un paquete más amplio: a través de los decretos 406, 407, 408 y 409 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó con modificaciones en materia de convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones, empleo registrado y aspectos tributarios. Ámbito
Mediante el Decreto 408/2026, el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley de modernización laboral para contribuir al pago de indemnizaciones laborales sin modificar el régimen vigente. El sistema estará destinado a empleadores del sector privado y funcionará por medio de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores. Vale destacar que ese fondo, cuya reglamentación había generado expectativa en el mercado financiero, entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026
