LA OPINION dialogó con Marcos Carini, psicólogo especialista en Adicciones, quien resaltó que la Ley de Salud Mental y Adicciones es una normativa "a implementar", es decir aún no 100 por ciento operativa, y opinó que "los tiempos que se viven ya no admiten dilaciones".
Preocupado por el incremento del consumo problemático de sustancias y los padecimientos mentales, el profesional observó que la demanda a los sistemas de salud aumenta de manera continua y los dispositivos de atención se encuentran colapsados o no alcanzan a dar respuestas apropiadas, particularmente a cierto sector de la población. "Aun quienes pueden afrontar honorarios particulares, encuentran dificultades para hallar los turnos buscados debido a la escasa disponibilidad inmediata. Las prepagas, parte del sistema privado de salud, evidencian un significativo retraso en la actualización de los honorarios de pago a profesionales y, por ende, la disminución de la capacidad de respuesta de quienes figuran en sus cartillas. Por otra parte, las obras sociales, administradas por los sindicatos o por el Estado, cuentan con escaso número de prestadores, en su mayoría sin agenda disponible, y que en el mejor de los casos, acceden a realizar reintegros con profesionales externos a su nómina", describió Carini, recordando que la salud mental y las adicciones son parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el conjunto del sistema prestacional tiene la obligación legal de dar cobertura independientemente del plan del que se trate.
En este punto precisó que el PMO incluye entrevistas psiquiátricas, psicológicas individuales y grupales, psicoterapia de familia y de pareja y psicodiagnóstico y considera asimismo hasta 30 días de internación anuales. "A lo que debemos agregar que a través de la llamada Ley Iacop (2014), posterior y complementaria a la Ley N°26.657, todas las prestaciones que necesita una persona con consumos problemáticos están incorporadas al Programa Médico Obligatorio".
"Personalmente en este mismo medio publiqué en 2020 el resultado de la encuesta realizada localmente, con una muestra que superó los 900 participantes, con indicadores llamativamente elevados sobre el incremento de la demanda de prestaciones en salud mental que se produciría a posteriori de la pandemia. A la fecha estos resultados se confirman, tanto a nivel local, como nacional y también se reporta a nivel mundial", mencionó.
En este contexto, Carini planteó que ante el padecimiento subjetivo las respuestas insuficientes del sistema en general favorecen las especulaciones buscando culpables y esto habilita la generación de propuestas legislativas, algunas de las cuales "procuran la creación de nuevas leyes con antiguos métodos que ya fracasaron".
A juicio del especialista, el contexto favorece la aparición de "oportunistas e improvisados sin formación técnica ni académica que proponen soluciones e incluso dispositivos de atención basados en el carisma personal".
"Las personas con problemas agudos y con consumos problemáticos de sustancias son los principales damnificados, así como también los principales objetos de esta movida ideológica, que busca más oportunidades que soluciones", advirtió y prosiguió: "Las problemáticas generales de salud mental y adicciones se encuentran subestimadas en las agendas públicas y sobreexpuestos los padecimientos anecdóticos con intenciones mediáticas y trasfondos ideológicos".
Una responsabilidad del Estado
El especialista, exasesor para Cámara de Diputados de la Nación y de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, sostuvo que, en lo referido a la salud mental, el Estado tiene una responsabilidad nodal: regular el accionar de los dispositivos existentes, para asegurar el bienestar de la población. Y observó: "Lamentablemente la red de prevención y atención no se encuentra consolidada y articulada; esto incluye la falta de profesionales en el nivel más básico de la salud comunitaria y, por ende, a la dificultad de acceso a los servicios".
"También es rol del Estado financiar la creación de los dispositivos de salud faltantes", resaltó y recordó que en el marco de la ley se han creado los órganos de revisión que aparecen como espacios donde denunciar incumplimientos.
"La Ley de Salud Mental y Adicciones, con frecuencia cuestionada por algunos medios de comunicación y un grupo corporativo de profesionales, sin embargo, aporta las herramientas legislativas para el diseño completo de un plan estratégico de prevención y tratamiento", remarcó el profesional que mencionó que la norma está basada en el modelo para la atención de salud mental comunitaria que la OMS y OPS promueven desde hace décadas.
"Se trata de una ley que está basada en numerosos tratados internacionales con compromiso de implementación y propone como modelo de gestión a la co-gestión de los Estados municipal, provincial y nacional y la creación de redes integradas de salud mental y adicciones con base en la comunidad", añadió.
El presupuesto, una clave
Cuando se piensa en la implementación de la ley, la cuestión presupuestaria resulta un aspecto fundamental. La norma establece que debería destinarse a Salud Mental y Adicciones el 10 por ciento del presupuesto total invertido en materia de salud. Sin embargo, se halla muy por debajo de ese objetivo: en 2021 no alcanzaba el 3 por ciento, no superando rangos similares desde su sanción.
En este sentido, Carini considera necesario volver sobre las recomendaciones formuladas por la propia Organización Mundial de la Salud, que en su informe ejecutivo de 2022 "volvió a pedir casi como una súplica a los Estados, mayores inversiones atendiendo a que la pandemia incrementó sustantivamente los trastornos de ansiedad y depresión y aumentó las demandas de atención en los sistemas de salud".
En este sentido, resaltó que "la legislación argentina representa el modelo impulsado por la OMS, y nuestro Estado añadió a los anteriores un nuevo compromiso de implementación internacional en la 171 Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en febrero de 2019, durante la gestión de Luciano Grasso en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones".
Mitos "mediáticos" y verdades "sublimadas"
El exdirector de Adicciones del Municipio reflexionó sobre cómo ciertos movimientos mediáticos influyen en la sociedad generando reclamos en torno a la Ley de Salud Mental y Adicciones: "Se dice que 'la ley de salud mental no permite las internaciones', cuando en verdad sí las permite tanto de manera voluntaria como involuntaria y no se requiere del consentimiento de la persona en riesgo para proceder a su internación. Se requiere la firma de dos profesionales de grado, uno de ellos psicólogo o psiquiatra, que realizan la evaluación del riesgo cierto para sí o para terceros".
"En la misma línea se dice que 'es necesario crear una ley de adicciones', algo que es una falacia por cuanto ya existe una: la Ley N° 26.934 (Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos). La cuenta pendiente del Estado es que esta sea reglamentada", abundó Carini.
"Asimismo, se dice que 'se van a cerrar todos los dispositivos de internación'. Lo que exige la ley es su readecuación para una atención digna, con base en la comunidad, de calidad y acorde a los problemas actuales, y en este sentido propone que las internaciones tengan lugar en los hospitales generales que deben estar preparados para este propósito".
Respecto de esta cuestión, que es de las que causa socialmente más controversias, planteó que "aún existen hospitales monovalentes de enorme tamaño que centralizan el abordaje de las problemáticas y demandan la mayor parte del magro presupuesto. También existen espacios de reclusión donde se castiga a los usuarios, se los acusa de 'faltos de voluntad para curarse?, como si los tratamientos se trataran de una re-educación. Es usual que se les prohíba el contacto con sus familias, medicándolos en exceso o indiscriminadamente. Se utilizan adoctrinamientos disciplinarios y liderazgos carismáticos. Es frecuente y lamentable la precariedad de sus condiciones edilicias, que sumado al marco punitivo, prohibicionista y abstencionista, afectan las condiciones de vida de los pacientes y vulneran sus derechos. Estas condiciones son las que precisamente se pretende readecuar para lograr dispositivos con tratos respetuosos de la dignidad y derechos humanos".
Avanzando sobre otros argumentos que suelen aparecer en torno a la ley, Carini marcó que a menudo se habla de la imposibilidad de implementarla. Respecto de ello opinó: "Con las inversiones necesarias contempladas en la letra de la ley y el compromiso de los Estados podría hacerse mucho más para cubrir las necesidades de los usuarios".
"Del mismo modo se dice, menospreciando su alcance, que la ley pertenece a un único partido político y se cae en una postura ideológica sobre la ley, cuando en realidad esta es una norma que fue sancionada por unanimidad por ambas cámaras de Diputados y Senadores y con la anuencia de diferentes colectivos profesionales que trabajaron en su formulación y en las diferentes instancias de debate que se habilitaron", añadió.
