El Consejo Directivo instruyó a la Dirección General de Administración del INTA para que elabore un programa específico, en el marco de una reforma estructural más amplia del organismo.
INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados.
En medio de la expectativa que genera el proceso de reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Directivo (CD) del organismo avanzó con una serie de definiciones clave vinculadas a su reestructuración. Entre ellas, se resolvió iniciar el diseño de un programa de retiros voluntarios, que podría comenzar a implementarse a partir del 1° de marzo.
En concreto, el CD instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) para que elabore la propuesta y la eleve para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión del Consejo.
Desde algunas de las entidades que integran el Consejo Directivo trascendió la preocupación por el impacto que un esquema de retiros voluntarios podría tener sobre el capital humano del INTA, en particular sobre los cuadros técnicos formados dentro del organismo.
Por ese motivo, se solicitó que la medida se instrumente a través de un programa específico y cuidadosamente diseñado, con el objetivo de no afectar el funcionamiento ni el rol técnico que cumple el INTA a nivel territorial y productivo.
De acuerdo con datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados, mientras que la intención del Gobierno sería recortar alrededor de 1.700 puestos.
Según el gremio, entre bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones, ya se registraron 878 desvinculaciones desde el inicio de la actual gestión. En ese contexto, Julieta Boedo, delegada de ATE, advirtió: “Para nosotros, el panorama del retiro voluntario es alarmante, porque una vez conocido el saldo de ese proceso, tendremos que estar alertas respecto de si se avanzará con nuevas bajas, despidos u otras medidas”.
A fines del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a representantes de la Secretaría de Agricultura, presentó a la Mesa de Enlace un plan de reorganización del organismo. La hoja de ruta contempla siete ejes generales y una agenda de trabajo que se extendería hasta abril de 2026.
Entre los puntos centrales se incluye la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo, con el objetivo de definir continuidades, reformulaciones o cierres, además de una reorganización integral de la estructura interna del instituto.
El programa oficial también propone revisar los 15 centros regionales actuales para avanzar hacia su fusión en cuatro o cinco macrorregiones administrativas, así como evaluar el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias, con foco en detectar superposiciones y mejorar la eficiencia operativa, sin definir cierres automáticos.
A su vez, se planteó la intención de dar de baja todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque por el momento no se detallaron precisiones operativas sobre cómo se instrumentaría esa decisión.
En materia de tierras, el Gobierno identificó siete predios que busca vender. Uno de ellos se ubica en el AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que los otros seis deberán ser evaluados previamente por los Consejos Regionales y se localizan en Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero.
Según una auditoría oficial, el Gobierno impulsa la “desafectación” de 33.836 hectáreas que se encontrarían actualmente “en desuso”. Un documento al que tuvo acceso LA NACION señala que los campos fueron analizados y no resultan útiles para fines de experimentación, además de cumplir con las condiciones dominiales necesarias para avanzar en su venta.
Incluso, el relevamiento detectó cerca de 42.000 hectáreas sin destino productivo ni experimental, lo que refuerza la decisión oficial de avanzar con su reordenamiento patrimonial.
El Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Estado, entidades del sector agropecuario y del ámbito académico. Actualmente, lo conforman Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) por el Gobierno, junto a vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro).
Aún restan las designaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de las Facultades de Veterinaria, cuyas ternas ya fueron elevadas, pero todavía no definidas por el Poder Ejecutivo.