El Gobierno elimina controles y simplifica Ganancias: menos trámites, más libertad financiera y hasta $100 millones sin declarar desde junio.
Luis Caputo: a la pesca de los dólares del colchón
LAOPINIONDesde el 1° de junio rige un nuevo paquete de reformas fiscales y financieras: se eliminan regímenes informativos, se desburocratizan operaciones, y se crea un Sistema de Finanzas Abiertas. El objetivo es reducir la informalidad y fomentar la inversión. Claves para llevar lo del colchón al Banco.
Con la publicación del Decreto 353/2025 y cuatro resoluciones complementarias en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en marcha una profunda transformación del sistema tributario argentino. Según el texto oficial, estas medidas buscan promover la recuperación económica mediante la simplificación y desregulación administrativa y fiscal, y enfrentar la elevada informalidad que afecta al país.
La nueva estructura, que entra en vigencia el 1° de junio, apunta a reducir la presión fiscal sobre el sector formal, mejorar la equidad del sistema y fomentar la inversión. Para ello, se reemplazó la AFIP por un nuevo organismo: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Una de las principales novedades es la implementación de un régimen opcional y simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas, basado en datos preexistentes del fisco. Esto reducirá los trámites para los contribuyentes y permitirá una fiscalización más eficiente.
Otra innovación importante es la creación del Sistema de Finanzas Abiertas, que permitirá, bajo consentimiento, el intercambio de información financiera entre personas, empresas y entidades bancarias. Supervisado por el Banco Central, este sistema busca facilitar el acceso al crédito, aumentar la competencia en servicios financieros y fortalecer la inclusión.
El titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, explicó que el paquete también apunta a atraer los “dólares del colchón”, es decir, los ahorros no bancarizados. Para ello:
Se eliminan regímenes informativos obligatorios para escribanos, inmobiliarias, comercios y operaciones menores.
No deberán reportarse operaciones como la venta de autos usados, expensas menores a $32.000 o diversas actividades cotidianas.
Los bancos no podrán exigir declaraciones juradas a sus clientes para abrir cuentas o realizar ciertas operaciones.
Se elevan los umbrales de control para transferencias y depósitos:
Hasta $50 millones en transferencias sin reporte obligatorio.
Hasta $10 millones en retiros en efectivo sin verificación.
Personas físicas podrán realizar plazos fijos hasta $100 millones, y personas jurídicas hasta $30 millones sin declaración ante ARCA.
1. Secreto fiscal protegido (Resolución General 5696/2025)
Prohíbe que bancos y entidades financieras exijan declaraciones juradas impositivas a sus clientes. Se considera ilegal y sancionable dicha exigencia. Los consumidores pueden recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor si se ven afectados.
2. Desburocratización del mercado inmobiliario (Resolución General 5697/2025)
Se elimina la obligación de gestionar el COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles) para vender propiedades. ARCA considera innecesario este trámite, gracias al acceso digital a información fiscal. La intención es agilizar la compraventa de inmuebles y reducir trabas.
3. Eliminación de regímenes informativos (Resolución General 5698/2025)
Se derogan múltiples regímenes de información, incluyendo:
Venta e intermediación de autos y motos usados.
Préstamos hipotecarios y cesiones de derechos inmobiliarios.
Registros vinculados a servicios públicos y expensas en complejos residenciales.
4. Nuevos montos de reporte financiero (Resolución General 5699/2025)
Actualiza los valores mínimos para que entidades informen operaciones al fisco. Por ejemplo:
Acreditaciones mensuales: $50 millones (personas físicas).
Extracciones en efectivo: $10 millones.
Se aplican valores diferenciados para personas jurídicas.
Incluye a bancos, tarjetas de crédito, plataformas de pagos (PSP) y billeteras digitales.
ARCA actualizará estos montos semestralmente según el IPC.
Todas las disposiciones comienzan a regir con su publicación oficial (23 de mayo) y se aplicarán desde junio de 2025. Las próximas actualizaciones de valores serán informadas en diciembre de 2025 y regirán a partir de febrero de 2026.
Las reformas no solo cambian normas, sino que buscan reconfigurar el vínculo entre ciudadanos, empresas y el Estado. Menos control intrusivo, más confianza, y una mayor apuesta a la formalización a través de incentivos, no de castigos.
El Gobierno plantea un modelo donde la transparencia voluntaria reemplaza la coerción burocrática. La clave estará en si estas transformaciones logran estimular la inversión y dinamizar la economía sin deteriorar la recaudación fiscal.