Tras más de un año de conflicto, un fallo del juez federal Sebastián Casanello ordenó devolver la conducción de la obra social de los trabajadores rurales al sindicato. Desde la UATRE hablan de un punto de inflexión luego de meses de irregularidades y perjuicios a los afiliados.
“El desafío recién empieza”, advirtieron desde UATRE.
La Justicia federal resolvió frenar la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) y devolver su conducción a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la restitución inmediata del directorio original, dando por cerrada una etapa de 15 meses de fuerte disputa institucional y judicial.
Desde el gremio celebraron el fallo y señalaron que la resolución “pone fin a una intervención marcada por graves irregularidades y un claro atentado contra la autonomía sindical”. En ese sentido, remarcaron que la medida judicial deja sin efecto la intervención dispuesta en octubre de 2024 por el juez Villena, hoy bajo investigación, y cuestionada oportunamente por fiscales que habían advertido sobre parcialidad e incompetencia territorial.
Según la interpretación de la UATRE, el fallo fue contundente al sostener que la hipótesis que dio origen a la intervención resulta “prácticamente nula”, y que no existían razones para sostener ni el desplazamiento del directorio ni la continuidad de la medida excepcional sobre la obra social. Para el sindicato, esto representa un respaldo explícito a la legitimidad de las autoridades elegidas por los afiliados.
El conflicto en torno a Osprera no se limitó al ámbito judicial. Durante estos meses, la conducción sindical mantuvo duros cruces con el Gobierno nacional, al denunciar el accionar del interventor designado por decreto del presidente Javier Milei, Marcelo Petroni. La UATRE sostuvo que, bajo esa gestión, se multiplicaron las irregularidades administrativas y financieras.
Entre las principales denuncias, el gremio señaló la duplicación innecesaria de estructuras, con nombramientos de dirigentes sin experiencia en el sistema de salud, la priorización de negocios sin respaldo en prestaciones reales y una fuerte reducción del gasto en atención médica. Según afirmaron, estas decisiones impactaron de lleno en la cobertura de los afiliados, con interrupciones en la provisión de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo.
La situación, siempre de acuerdo a la versión sindical, derivó en consecuencias graves para miles de trabajadores rurales y sus familias. La UATRE aseguró que se registraron cientos de acciones de amparo por falta de cobertura y causas penales por presunto abandono de persona, incluyendo el caso de un paciente oncológico fallecido tras la interrupción de su tratamiento.
Con la restitución del directorio, la Osprera vuelve formalmente a manos de las autoridades sindicales, luego de más de un año de conflictividad institucional y judicial. Desde la UATRE remarcaron que el fallo no borra los daños sufridos, pero sí abre una nueva etapa para reconstruir el funcionamiento de la obra social.
“El desafío recién empieza”, advirtieron desde el gremio, al reconocer que aún se desconoce en qué condiciones será devuelta la obra social. No obstante, reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la transparencia en la gestión y la prioridad absoluta de la salud de los peones rurales y estibadores en todo el país.
La resolución judicial marca así un punto de inflexión en un conflicto que atravesó al sistema de salud sindical, al Poder Judicial y al propio Gobierno, y que ahora ingresa en una etapa donde la reconstrucción y la rendición de cuentas aparecen como las principales demandas de los afiliados.