El Gobierno abandona el modelo fiscal basado en el control y apuesta a la simplificación y el incentivo para ampliar la base sin subir la presión.
Ministerio de Economía. Una nueva era de arquitectura fiscal
LAOPINIONEl paquete de medidas anunciado por el Gobierno nacional y oficializado a través del Decreto 353/2025 y las Resoluciones 5696 a 5699 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) marca el inicio de un proceso de reingeniería tributaria que, más allá de su dimensión normativa, constituye un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Argentina ha sostenido durante años un modelo de fiscalización basado en la saturación de regímenes informativos, la presunción de evasión y la burocracia preventiva. Ese enfoque —heredado de una cultura administrativa de control— ha resultado disfuncional: no sólo no logró reducir la informalidad, sino que terminó penalizando al sector formal, sobrecargando a los actores que cumplen, y generando incentivos perversos para operar fuera del sistema.
El nuevo marco normativo busca revertir ese orden. Elimina regímenes informativos redundantes, simplifica la presentación del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, y redefine los umbrales a partir de los cuales bancos, tarjetas de crédito y plataformas deben reportar información financiera. A la vez, crea un Sistema de Finanzas Abiertasque moderniza la relación entre ciudadanos, entidades y el crédito formal, bajo supervisión del BCRA.
Detrás de estos cambios hay una hipótesis clara: el exceso de control genera informalidad, y la informalidad reduce la base imponible. Si se invierte esa lógica, la expansión fiscal no se lograría a través del castigo, sino de la integración voluntaria al sistema.
La nueva arquitectura fiscal que propone ARCA reconoce algo fundamental: el problema no es sólo de evasión, sino de desalineación entre las estructuras normativas del Estado y la realidad económica de sus ciudadanos. En ese sentido, esta serie de medidas tiene un objetivo estructural: ampliar la base sin aumentar la presión, lo cual implica una sofisticación en la mirada sobre la política tributaria.
Por supuesto, este camino no está exento de riesgos. La flexibilización puede ser leída como una señal de laxitud si no se sostiene con consistencia técnica, monitoreo eficaz y una narrativa política coherente. La confianza es, en este nuevo modelo, el principal activo institucional: si el contribuyente percibe voluntad de simplificación y reglas estables, puede avanzar hacia la formalización. Si sospecha de una flexibilización táctica y temporaria, el efecto será marginal.
En resumen, este nuevo esquema no debe leerse como un simple blanqueo encubierto ni como un alivio sectorial. Es, en los hechos, una propuesta de rediseño del contrato fiscal argentino. Menos control, más incentivo. Menos coerción, más integración. El éxito dependerá de que este giro no sea un hecho aislado, sino el primer paso hacia una reforma fiscal moderna, proporcional, transparente y equitativa.