Escrache es el nombre que recibe un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de ciudadanos se concentra para denunciar una actuación o situación injusta o reprochable. La palabra comenzó a utilizarse en Argentina en la década del 90 por la agrupación de derechos humanos Hijos para denunciar el indulto que Carlos Menem concedió a los procesados por el genocidio durante la última dictadura militar y desde entonces algunas circunstancias han motivado su organización, ya sea espontánea o respondiendo al activismo de determinados grupos sociales. La modalidad no es privativa de Argentina, pero lo cierto es que el país tiene en su historia reciente hechos que han desencadenado en este tipo de reacciones de expresión de un descontento.
Quienes defienden su concreción afirman que el escrache es una forma de desobediencia civil pacífica y que quienes lo realizan asumen las consecuencias de sus propios actos y sostienen que sirven para defender situaciones dónde los derechos son vulnerados, algo así como si fuera el canal de expresión de los ignorados del sistema.
Los detractores, en tanto, remarcan que un escrache puede estar fuera de las normas democráticas y argumentan que hay un debate jurídico abierto sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de protestas.
Más allá de cualquier consideración de valor, lo cierto es que en la actualidad del país el clima social está crispado y los escraches vuelven a proponerse como vehículo del reclamo social, con el impacto que eso tiene desde el punto de vista mediático y su enorme penetración en la opinión pública. Desde hace mucho tiempo las discusiones se dirimen en el espacio público con un nivel de agresión que preocupa y termina por constituirse en el caldo de cultivo de acciones violentas. Si bien es cierto que la pandemia agigantó el fenómeno de la violencia en las redes sociales y en las manifestaciones verbales para mostrar a cada minuto y por cada tema posturas antagónicas que caen siempre a uno u otro lado de la grieta, lo que resulta real es que la violencia social es anterior al malestar que puede causar la crisis generada por la emergencia sanitaria. Y la problemática que genera los reclamos no siempre tiene raíz en el enorme daño social causado por la situación coyuntural que atraviesa el mundo.
Lo que se advierte en Argentina es un enrarecimiento del clima social y un desgaste del diálogo como herramienta para la búsqueda y hallazgo de consensos. Lo que impera es la intolerancia y se expresa en la reacción primitiva de los impulsos, sin mediar razón.
Hace unos días, la agresión a Alberto Fernández en el sur del país puso en alerta la vulnerabilidad de la seguridad presidencial y en jaque la figura de la principal autoridad del país. Mientras se tratan de establecer responsabilidades y motivos, lo que mostró el episodio es que hay un descontento capaz de expresarse en el espacio público sin tener en cuenta el respeto que merece la autoridad presidencial, con lo que ello significa en términos de daño institucional.
A la par de ello el atentado contra la portada de un libro del expresidente Mauricio Macri no resulta una cuestión menor y trae a la memoria colectiva hechos recientes en los cuales se colocaban gigantografias de periodistas supuestamente opositores para agredirlos e insultarlos sin que ninguna cuota de racionalidad pusiera freno a una actitud tan reprochable como dañina.
De igual modo la situación vivida por el exministro de Salud Gines González García, que fue escrachado cuando se disponía a cenar en un restaurante porteño, evidenció el generalizado repudio de un sector de la ciudadanía por lo sucedido en torno al vacunatorio vip.
Cada hecho con sus implicancias muestra algo del hartazgo que evidentemente no consigue canalizarse por las vías de la institucionalidad e irrumpen como una reacción visceral, anulando por completo la posibilidad de saldar las disidencias en un marco de racionalidad.
Lo que preocupa en este escenario es la naturalización de estos acontecimientos que despiertan apenas tibios repudios.
Hay quienes sostienen que lo que motiva la recurrencia de estos episodios es un incipiente reclamo de justicia social en un país en el que la impunidad emerge como respuesta a cuetionamientos legítimos. Pero el hilo que separa este sentir con el hecho de la justicia por propia mano, es sumamente delgado, Lo peligroso es que nadie tome registro de ese sentir para encauzarlo hacia un mejor destino que no nos condene a tener una expresión democrática poco apegada a las normas y demasiado endeble.
Es riesgoso que se asuma como condición natural la crispación y no se asuman las consecuencias de ella en un país en el que el pueblo parece haber quedado huérfano de portavoces que representen su sentir ante el estado de cosas que lo afectan.
Lo que sucede en las calles y circula por las redes sociales, las violencias cotidianas que se reproducen en casi todos los ámbitos de circulación social, van erosionando el sano juego de poder que propone la democracia, y pone en riesgo ni más ni menos que ese bien tan preciado que es el de la convivencia en un marco de armonía cívica que demuestre madurez y posibilite la construcción de acuerdos en temas esenciales, para que de este modo el escrache no tenga razón de ser ni encuentre motivo. Si esto no se consigue, lo que la manifestación hace es convocar a la anomia, enrarece el clima social y se transforma en amenaza para el propio sistema en el que hemos elegido vivir.
