Cuando faltan 10 días para el inicio del ciclo lectivo 2014 hay sólo dos certezas: la inflación se siente por igual en los bolsillos de padres y docentes y que los chicos de Santa Fe, San Luis y Córdoba tienen garantizado su regreso a las aulas, ya que docentes y gobiernos de esas provincias han resuelto las negociaciones salariales (sin acuerdo con las directivas nacionales, vale decir).
El resto del país navega en un mar oscuro, atado al fracaso de la paritaria encarada por el Ministerio de Educación de la Nación y, en el caso de los bonaerenes, sujeto también al apoyo financiero que el Gobierno central le pueda ofrecer al Scioli para hacer frente a las pretensiones de los maestros. Este fracaso, ya el tercero sucesivo de Sileoni al frente de la cartera educativa, ha complicado el calendario escolar ya que buena parte de los mandatarios oficialistas y opositores tienen mandato de esperar la cifra o esperan ampararse en la decisión nacional.
Para completar el panorama sombrío, los padres no perciben que se haya frenado el aumento de precios de los útiles escolares a pesar del congelamiento pretendido por el Gobierno.
Ningún observador de la realidad por ingenuo que sea pensó que en la primera reunión paritaria entre el Gobierno y los cinco gremios docentes se iba a llegar a un acuerdo para fijar el aumento salarial de este año para los maestros, por eso huelen a especulación estas dilaciones oficiales en sentarse a la mesa, que ponen entre la espada y la pared a los docentes de cara a la sociedad que espera que todo marche según lo previsto y este miércoles o el 5 de marzo –según la provincia- los chicos estén en las aulas.
La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 22 por ciento en tres tramos y una suma fija de 2000 pesos en concepto de presentismo.
La propuesta oficial chocó de frente con la pretensión de los gremios que exigen subas del 42 por ciento en el caso de Ctera y del 61 por ciento en el de los cuatro sindicatos que integran la CGT oficialista de Antonio Caló (UDA, Amet, CEA y Sadop).
Así que, como es lógico, la propuesta del Gobierno les resultó inaceptable y pobre, sobre todo, pobre. Y los gremios reiteraron, ahora con la propuesta en la mano, que si el lunes (por mañana) el Gobierno no les ofrece una suba “sustancialmente mayor” iniciarán paros en todo el país. Según se escucha en los pasillos ministeriales, la cifra tope a la que llegaría el Gobierno nacional sería el 28,5 por ciento; ese sería el “as en la manga” para mañana.
Lo de la suma fija de 2.000 pesos en dos veces en concepto de presentismo tiene mucho de positivo, amén de significar un engrosamiento del ingreso, al menos posible. Porque si hay un claro problema de eficiencia en la administración de los fondos de la educación, es el de las erogaciones para cubrir las ausencias prolongadas de docentes titulares, en muchos casos justificadas por procesos burocráticos viciados y corrompidos. Si este incentivo económico sirve para que los maestros no abusen de las licencias, además de beneficiarse ellos con la gratificación, ganarán los alumnos en calidad educativa y el Estado en sus finanzas.
Otro punto de conflicto de la negociación es la pretensión de los gremios de que la paritaria tenga una revisión semestral. El Gobierno insiste en que debe ser anual. La alternativa de incluir una cláusula de “monitoreo de precios” que obligue a reabrir la negociación si se disparan los precios fue planteada por los docentes, pero no hubo respuesta de parte de los ministros.
Tiene su lógica que el Gobierno no acepte esta demanda porque no corren la misma suerte los presupuestos aprobados por los Parlamentos nacional y provinciales de vigencia anual. Es inviable abrir paritarias de acuerdo con los sondeos de precios, porque no hay presupuesto provincial que pueda organizarse sobre la base de esa situación y, en el mejor de los casos, sucedería lo de la frazada corta: se sacaría de un rubro para cubrir a otro, generando una nueva falencia y consecuente demanda.
Como siempre sucede, la atención está centrada en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38 por ciento de la matrícula docente, unos 360.000 maestros. Aunque hubo conversaciones informales entre los gremios y funcionarios del Gobierno provincial, Daniel Scioli todavía no inició formalmente la paritaria. Podría hacerlo el próximo martes.
Los sindicatos bonaerenses ya adelantaron que pedirán un 35 por ciento de aumento, además de mejoras en el incentivo docente y en las asignaciones familiares. Y es claro que, Scioli con una masa de 360 mil maestros, no está en condiciones de aceptar esos pedidos de aumentos, ya le cuesta dar hasta un 25 por ciento.
La inminencia del comienzo del ciclo lectivo, la falta de definición de la paritaria nacional y el escepticismo respecto de que la negociación, en la provincia de Buenos Aires, llegue a buen puerto, acercan la posibilidad de que, una vez más, las clases no empiecen a tiempo.