El fin del año 2001 fue un desastre económico y una tragedia en términos sociales y humanos, por las muertes que se produjeron en las protestas callejeras.
Fueron días de rebelión popular, no muy diferentes a los que se viven por estas horas en Venezuela. Hubo balas disparadas por policías que, sólo en los alrededores de la Casa de Gobierno y el Obelisco, dejaron cinco muertos y 117 heridos. La protesta se volvió violenta y se desparramaban los gases lacrimógenos lanzado por la Infantería que buscó vaciar la Plaza de Mayo de manifestantes.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron la caída de Fernando de la Rúa como presidente, que será recordada históricamente con la imagen de su salida en helicóptero de la Casa Rosada.
Pero pese a la flagrancia de los hechos, con muertos y los heridos que vimos todos por TV, el hecho recién ahora será juzgado, 13 años después, con las pistas frías y testigos que ya han muerto.
Son 17 los exfuncionarios y policías acusados de lo sucedido en aquellas horas trágicas que se sentarán en el banquillo.
El expresidente Fernando de la Rúa será la figura principal del juicio, no ya como acusado, pues está sobreseído por su responsabilidad en la represión, pero está previsto que declare como testigo en el largo proceso que, se estima, durará al menos dos años e incluye las declaraciones de unas 500 personas.
Sin De la Rúa, el máximo funcionario político en el banco de los acusados será el exsecretario de Seguridad de la gestión de la Alianza, Enrique Mathov. Su jefe, el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, falleció.
Le sigue entre los acusados, en orden de importancia, el entonces jefe de la Policía Federal comisario general retirado Rubén Santos, un hombre de la Policía Científica; el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, comisario general retirado Norberto Gaudiero, y el exdirector general de Operaciones, comisario mayor retirado Raúl Andreozzi. Todos ellos, como máximos jefes del operativo policial en la calle, deberán responder por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de sus deberes de funcionario. En caso de ser condenados, difícilmente vayan presos, pues la pena máxima podría llegar a cinco años de prisión.
Se suman a los acusados 13 policías que estaban en la calle y están acusados de disparar contra los manifestantes. Se tratará de determinar si con su accionar mataron a Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna e intentaron matar a Martín Galli y Paula Simonetti en los alrededores de Plaza de Mayo.
Algunos de los expolicías enfrentan acusaciones graves de homicidios dolosos y tentativas de homicidios -como en el caso de Márquez, que murió sobre la avenida 9 de Julio- que pueden llevarlos a condenas máximas de 25 años de prisión.
Durante el juicio el tema que se discutirá es si los exfuncionarios y exjefes policiales actuaron con negligencia al diseñar el operativo de seguridad o si, teniendo el poder de hacerlo, evitaron detener lo que estaba ocurriendo, incurriendo en una “omisión impropia”. Mathov buscará probar que estaba ajeno al operativo de seguridad callejero -regresaba de Paraguay ese día- y Santos, que fue víctima de una interna de la fuerza que involucró hasta el usó de francotiradores, según allegados.
También se debatirá si los policías operativos juzgados, que estaban en la calle disparando, cometieron asesinatos o heridas dolosas al tirar contra los manifestantes en general.
Está previsto que De la Rúa declare como testigo, a pedido de la fiscalía. Sin embargo, a raíz de su sobreseimiento, aún está pendiente un recurso extraordinario ante la Corte para que el máximo tribunal termine de definir su situación.
Es increíble que siendo un caso emblemático de represión mal organizada, que culmina con muertos y heridos, pasen trece años para que se realice el juicio.
¿Esta Justicia lenta cumple su cometido y es efectivamente justa? ¿O más bien tiene un efecto de cierre de capítulo, final de proceso?
Después de tantos años y, como decimos, con pistas frías, este juicio no tendrá los mismos resultados, sean éstos cuales fueran, que si los plazos de un expediente de estas características se hubieran cumplido.
Ningún tribunal necesita 13 años para reunir las pruebas necesarias para llevar a los responsables frente a la Justicia. Y por el contrario, el transcurso del tiempo no ha hecho más que complicar el llegar a la verdad.
Dicho en las palabras más simples: es una vergüenza que recién 13 años después los acusados lleguen al banquillo, incluso con uno de los máximos responsables de la seguridad de aquellos años ya muerto, como es el caso del ministro del Interior Ramón Mestre.
Y valga este caso que hoy ocupa los titulares como muestra de una constante del sistema judicial en nuestro país, especialmente cuando el poder político está de algún modo implicado, porque en realidad, la nómina de situaciones similares es interminable: embajada de Israel (22 años el mes que viene), Amia (20 años en julio), Siemens (15 años), por citar algunos.
Una vergüenza rodeada de ineptitudes e intereses políticos.