Ocurrió luego de una protesta contra un proyecto minero: las regiones afectadas por la medida son Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, y en Chumbivilcas y Espinar en el departamento del Cusco.
LIMA (AFP-NA) - El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en seis provincias del sureste del Perú donde se realizan protestas contra el mayor proyecto minero del país -filial de la gigante china Minmetals- y que ya han dejado cuatro muertos.
Se declara por 30 días el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar en el departamento del Cusco. La Policía mantendrá el control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, señaló la norma.
Con esta disposición se suspenden los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.
Los enfrentamientos, que dejaron cuatro muertos según fuentes oficiales, comenzaron la tarde del lunes, con pobladores que rechazan la construcción de una planta de tratamiento de minerales en el mayor proyecto minero del Perú, el yacimiento de cobre Las Bambas, de propiedad del consorcio MMG, filial de la china Minmetals, porque consideran que contaminará el agua y sus cultivos.
El proyecto cuprífero se encuentra entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac, y fue vendido por Glencore Xtrata al consorcio MMG en abril de 2014 por casi 6.000 millones de dólares. Es la mayor adquisición en el extranjero de la industria minera China.
El presidente Humala lamentó en la noche del lunes los enfrentamientos y señaló además que el ministerio Energía y Minas busca una solución al reclamo, en momentos en que los pobladores exigen la presencia de autoridades.
Impacto ambiental
El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, dijo que en Challhuahuacho pobladores de diversas comunidades reiniciaron las protesta contra la construcción de la planta, pese a la declaratoria de emergencia.
Aseguró que el problema de las protestas parte de la falta de diálogo del gobierno con la población. Imágenes de televisión mostraban el martes a policías dispersando manifestantes, con el uso de gases lacrimógenos.
No ha existido una explicación clara sobre la construcción de la planta y el estudio de impacto ambiental, precisó Venegas.
Según la declaratoria de emergencia, las Fuerzas Armadas deben garantizar el funcionamiento de los servicios públicos resguardando los puntos críticos vitales como carreteras o puentes. Quedan suspendidos además los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.