El jefe comunal ordenó retirar del Municipio a un trabajador de prensa del medio 360 Salto y le prohibió el ingreso al edificio. El hecho generó repudio en ámbitos periodísticos y políticos por considerarse un ataque a la libertad de expresión.
Ricardo Alessandro, el intendente de Salto.
ARCHIVO LA OPINIONUn episodio de fuerte gravedad institucional y política tuvo lugar en la Municipalidad de Salto cuando el intendente Ricardo Alessandro expulsó del edificio a un periodista del medio local 360 Salto mientras el cronista realizaba su labor informativa; días pasados.
Según relataron testigos, el episodio ocurrió en una de las dependencias del Palacio Municipal, donde el jefe comunal mantuvo un intercambio verbal con el comunicador. En un tono exaltado, Alessandro le dijo: “Andá y escribí lo que quieras en el diario, a mí no me importa”, al tiempo que lo “invitaba” a retirarse del edificio.
El periodista se retiró del lugar ante la orden del mandatario, en medio de la sorpresa de empleados y contribuyentes que se encontraban en el hall central. Posteriormente, trascendió que el intendente instruyó a su secretaria privada para que impida el ingreso del trabajador de prensa a las instalaciones municipales, lo que constituye un hecho inédito en la administración local y un grave antecedente en materia de libertad de prensa y acceso a la información pública.
El incidente provocó una inmediata reacción de rechazo en el ámbito periodístico y político de Salto y la región. Distintos colegas y medios de comunicación expresaron su preocupación por lo ocurrido, al considerar que el episodio vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Fuentes consultadas recordaron que no es la primera vez que el intendente Alessandro protagoniza hechos de este tipo. En anteriores oportunidades, el jefe comunal ya había expulsado del Municipio a vecinos que expresaron críticas hacia su gestión o que pretendían presentar reclamos en las oficinas públicas.
La reiteración de este tipo de comportamientos —señalaron dirigentes locales— refleja un preocupante deterioro en el trato institucional y una intolerancia hacia las voces disidentes que contrasta con los valores democráticos que deben regir en la función pública.
Diversas entidades periodísticas locales manifestaron su respaldo al trabajador de 360 Salto y advirtieron sobre la gravedad del hecho. “Negarle el acceso a un periodista a un edificio público constituye una forma de censura y una restricción directa al derecho ciudadano de recibir información”, señalaron en un comunicado informal difundido entre colegas del distrito.
El caso también encendió alarmas entre representantes políticos de la oposición, quienes exigieron que el intendente brinde explicaciones sobre lo ocurrido y garantice el libre ejercicio de la actividad periodística dentro de las dependencias municipales.
Mientras tanto, el periodista afectado evalúa presentar una denuncia ante organismos provinciales y nacionales de defensa de la libertad de expresión, con el respaldo de colegas y agrupaciones del sector.
El episodio ocurrido en la Municipalidad de Salto reaviva el debate sobre los límites del poder político frente a la prensa y la necesidad de resguardar, en todos los niveles de gobierno, los principios básicos de respeto, transparencia y pluralismo que sustentan la convivencia democrática.