Ficha Limpia: editorial especial de Claudio Savoia
LAOPINIONEl inesperado rechazo del proyecto de ley de Ficha Limpia, por un voto en el Senado el miércoles pasado, disparó un abanico de reacciones políticas y conclusiones que, con el correr de las horas y los días, comienzan a asentarse.
La primera, muy amarga y más evidente: en más de cuarenta años, los argentinos no logramos madurar una cultura democrática lo suficientemente robusta como para dejar al delito fuera del juego electoral. Primero, porque los partidos y frentes políticos no consideran importante seleccionar a sus líderes y candidatos bajo el más elemental tamiz de la honestidad, del que hubiera sido extraordinario -por innecesario- hablar hace sólo unas décadas atrás. Segundo, porque ese desdén por la transparencia y la honradez no es exigido y su ausencia tampoco es castigada por el electorado, evidente formateado en el más abyecto lugar común de la impunidad: "roba pero hace".
Esa horrible sentencia que los argentinos muchas veces compartimos entre risas o con resignación, sólo fue desmentida y cuestionada por la segunda parte de su afirmación: roban, pero ni siquiera hacen.
Este lodo en el que chapotean nuestras instituciones es la matriz en la que luego actúan los políticos, tanto los íntegros como los deshonestos. "Todo es igual, nada es mejor", decía Discépolo con tino.
Las fuerzas electorales terminan siendo entonces un trofeo apetecible para las personas con ambición y sin escrúpulos, y un destino casi necesario para quienes ya fueron cuestionados -investigados y hasta condenados- por los tribunales. El Congreso se fue convirtiendo, entonces, no sólo en una plataforma para hacer fabulosos negocios, sino también en un paraíso de impunidad para quienes están bajo la lupa de la justicia.
Sólo esa atmósfera hace posible la tergiversación de una muy elemental exclusión electoral -no podrán respresentar al Estado aquellos que la justicia en una doble instancia haya sentenciado que defraudaron a ese mismo Estado robándole- con la más ominosa idea de una "proscripción política", que implica una lisa y llana prohibición de una persona o un partido para competir electoralmente por razones antojadizas.
La iniciativa ficha limpia, impulsada desde la sociedad civil por medio millón de firmas en la plataforma Change.org y ya concretado en nueve provincias y decenas de municipios en toda la Argentina, comenzó su peregrinaje nacional en 2016, con el primer proyecto de ley que ni siquiera fue considerado por el pleno de alguna de las dos cámaras del Congreso. En ese momento, Cristina Kirchner apenas había sido procesada en alguna de las que luego serían media docena de causas judiciales investigadas por distintos tribunales.
La aplicación de la ficha limpia a la entonces flamante expresidenta no esta ni en el horizonte más lejano.
Pero los años pasaron, la justicia avanzo con sus expedientes y uno de ellos, el caso Vialidad, llegó a juicio oral, concluido el 6 de diciembre de 2022 con una sentencia de seis años de prisión para Cristina, como autora de una mega administración fraudulenta al Estado calculada por el Tribunal Oral Federal 2 porteño en 85.000 millones de pesos.
Esa misma sentencia, analizada durante dos años, fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. El caso Vialidad, desde entonces, tiene sentencia definitiva.
Sólo resta, y por una excepción absoluta respecto de todos los procesos judiciales a personas comunes, que la Corte Suprema de Justicia verifique que no fueron violadas las garantías constitucionales durante el trámite del caso. La Corte, entonces, ni siquiera revisa ya la sentencia, que fue macerada por 24 magistrados -entre jueces y fiscales de tres instancias diferentes- durante ocho años, si es que solo consideramos el momento en que el expediente se relanzó con la entrega de información por parte de organismos públicos que hasta entonces había retaceado pruebas clave.
La explicación solo busca aventar cualquier duda sobre el argumento kirchnerista de la "proscripción": respecto de Cristina, todas las excepciones que hubo -y sigue habiendo- en la gestión de las causas judiciales en las que está involucrada, son a su favor. Ninguna -ninguna- ha sido en su contra.
Mientras la Corte analiza entonces el recurso de queja de la exvicepresidenta, que cuando termine de hacerlo dejará firme la sentencia cuya accesoria es la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público -electivo o no-, el Congreso podía cerrarle sus puertas, a ella y a cualquier otro corrupto que buscase refugio en una banca parlamentaria. Pero en el último instante no lo hizo.
Y ese fracaso, posibilitado por el sigiloso giro de dos senadores de Misiones, también habla del desinterés -¿desprecio?- por la transparencia institucional por parte de los aliados del gobierno, aparentemente a instancias del mismo gobierno.
Otra vez, pero del otro lado del mostrador político, los intereses electorales quedaron por encima de las obligaciones morales. ¿Le conviene al oficialismo competir contra una desgastada Cristina Kirchner, que con su sola presencia complica y demora la organización interna del peronismo y ofrece una contrafigura conveniente para el relato político? Es posible. Pero eso sólo le importa a una muy pequeña fracción de la dirigencia política, un condensado indiscutible de la "casta" que se dice combatir.
Mientras, ficha limpia sólo podrá volver a discutirse -desde cero- a partir del 2026.
Quizás hasta les toque discutirla a varios de quienes sólo podrán estar dentro del Congreso gracias a la escandalosa votación del miércoles pasado.